Plantea Elizabeth Morales prohibir que se obligue a adultos mayores hacer trámites digitales

La diputada local del PT, Elizabeth Morales García, propuso reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Veracruz para establecer que ninguna institución pública o privada pueda obligar a este sector a usar plataformas digitales, aplicaciones móviles o códigos QR como única vía para acceder a trámites, servicios o atención médica.

La iniciativa plantea que las personas adultas mayores tengan derecho a recibir atención inclusiva y accesible mediante opciones presenciales, telefónicas o asistidas, con personal capacitado y mecanismos visibles de apoyo. “Hoy en día, realizar trámites, acceder a servicios de salud o interactuar con instituciones requiere el uso de plataformas digitales, aplicaciones móviles o códigos QR. Para muchas personas adultas mayores, esto no representa una facilidad, sino una barrera”, señaló la legisladora.

Morales García advirtió que la digitalización de servicios, aunque ha permitido agilizar procedimientos, también ha generado formas de exclusión para quienes no tienen acceso a teléfonos inteligentes, internet o conocimientos tecnológicos.



De acuerdo con la exposición de motivos, en Veracruz más de un millón de personas adultas mayores enfrentan obstáculos relacionados con pobreza, limitaciones físicas o falta de acceso a tecnología, lo que se agrava cuando los servicios se ofrecen sólo por medios digitales.

La diputada sostuvo que imponer el uso de herramientas digitales puede constituir una forma de discriminación indirecta, al afectar de manera desproporcionada a un grupo en condición de vulnerabilidad. La propuesta busca incorporar en la legislación estatal el derecho a una atención inclusiva, para que el acceso a servicios públicos y privados no dependa del dominio de la tecnología. Morales García planteó que la modernización administrativa no debe eliminar las alternativas de atención para las personas adultas mayores.

La iniciativa no prevé crear nuevas estructuras ni aumentar el gasto público, sino modificar la forma en que se brinda la atención en instituciones públicas y privadas. “El acceso a los derechos no puede depender del dominio de la tecnología”, sostuvo la diputada al defender la propuesta.