Plantea Marcelo Ruiz armonizar leyes sobre elección judicial en Veracruz

El Congreso de Veracruz deberá aprobar antes del 31 de agosto las leyes que regularán la elección de magistraturas, juezas y jueces prevista para el proceso electoral 2027-2028. Para cumplir ese plazo, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presentó tres iniciativas que reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Código Electoral del Estado.

El legislador explicó que las propuestas buscan armonizar la legislación estatal con las reformas constitucionales federal y local en materia judicial, además de distribuir las funciones que corresponderán al Poder Judicial, al Congreso y a las autoridades electorales. La primera iniciativa modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la renovación de las presidencias de los tribunales, las vacantes, licencias, renuncias y ausencias definitivas.

También establece criterios para asignar a las personas electas a los órganos jurisdiccionales después de su toma de protesta y obliga al Poder Judicial a informar oportunamente qué cargos deberán someterse a votación. El proyecto contempla una evaluación durante el primer año de funciones, dirigida a detectar necesidades de capacitación, sin intervenir en las decisiones de magistradas, magistrados, juezas y jueces.



La propuesta no crea autoridades, plazas ni unidades administrativas. Las tareas de registro, evaluación, publicación y adscripción serían realizadas por las estructuras existentes y con el presupuesto autorizado. Tampoco transfiere funciones electorales al Poder Judicial ni modifica las atribuciones del Congreso, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz o del Tribunal Electoral del Estado. La segunda iniciativa reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo para definir la intervención del Congreso en la convocatoria, evaluación, postulación y aprobación de candidaturas.

La convocatoria deberá publicarse, a más tardar, el 30 de abril del año anterior a la elección e incluirá los cargos en disputa, requisitos, etapas, fechas y plazos del procedimiento. Cada poder del Estado integrará un Comité de Evaluación con cinco personas de trayectoria jurídica, encargado de revisar los perfiles de quienes busquen participar en la elección. El comité del Poder Legislativo seleccionará a las cuatro personas mejor evaluadas por cada cargo y, mediante una insaculación pública, reducirá la lista a dos candidaturas, con criterios de paridad de género y especialidad.

La relación será enviada al Pleno del Congreso, que sólo podrá aprobarla o rechazarla, sin sustituir a las personas seleccionadas ni modificar la integración del listado. Los comités de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial contarán con una Comisión Coordinadora para homologar criterios, metodologías y mecanismos de evaluación, sin sustituir las decisiones de cada instancia.



Los acuerdos, evaluaciones, insaculaciones, listados y votaciones serán públicos, salvo los datos protegidos por las leyes de transparencia y protección de información personal. La tercera iniciativa reforma el Código Electoral para regular la convocatoria, el registro de aspirantes, las campañas, la jornada electoral, el cómputo de votos, las impugnaciones, la entrega de constancias y la toma de protesta.

El PVEM propone que la elección judicial se realice en las mismas casillas instaladas para los comicios ordinarios y que el escrutinio inicial se lleve a cabo en esos centros de votación. Los recuentos procederán únicamente en los casos previstos por la legislación y las impugnaciones deberán resolverse antes de que las personas electas rindan protesta. Ruiz Sánchez señaló que el paquete legislativo busca establecer las reglas de la elección judicial antes del inicio del proceso 2027-2028.