Plantea Nahle a Congreso crear el órgano de “Transparencia para el Pueblo”

La gobernadora Rocío Nahle presentó al Congreso local dos iniciativas para expedir una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Las propuestas establecen como nueva autoridad el órgano “Transparencia para el Pueblo” y confirman la desaparición del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

En ambas exposiciones de motivos, la Gobernadora sostuvo que las iniciativas responden a la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024, que ordenó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los órganos garantes en los estados.



Explicó que el objetivo de la reforma es “fortalecer el uso óptimo de los recursos públicos, simplificando la estructura gubernamental” y transitar hacia un modelo institucional que “permita un esquema más funcional y eficaz”.

Ley de Transparencia

Sobre la nueva Ley de Transparencia, señaló que se “reconoce a las autoridades garantes como las competentes para la implementación de acciones en materia de acceso a la información pública”.



Estas serán la Contraloría General del Estado, las contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos internos de control de los organismos autónomos.

En el nuevo esquema, los recursos de inconformidad serán resueltos por “Transparencia para el Pueblo”, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de “garantizar uniformidad de criterios en la resolución de los asuntos”. La propuesta incluye la creación del “Subsistema de Transparencia del Estado de Veracruz”, integrado por un Comité conformado por representantes de las contralorías de los tres poderes y de los organismos autónomos. Este subsistema se incorporará al órgano colegiado nacional junto con los demás subsistemas estatales.

La iniciativa también establece que los sujetos obligados deberán mantener actualizada su información en la Plataforma Nacional de Transparencia, y se incorpora la “política de transparencia con sentido social”, que busca orientar la publicación de información útil para sectores específicos de la población.



Respecto a los procedimientos en trámite, se prevé que “los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (…) se sustanciarán ante la Contraloría General del Estado”.

Protección de datos

En cuanto a la Ley de Protección de Datos Personales, se señala que la Contraloría General será la encargada de garantizar este derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos, mientras que las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos asumirán estas funciones dentro de su competencia.



La propuesta establece que “se reconoce a las autoridades garantes como las competentes para la implementación de acciones en materia de protección de datos personales, y de modo preponderante, la resolución de recursos de revisión”.

No obstante, aclara que la Contraloría “no podrá conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los titulares de datos personales en contra de las resoluciones emitidas por los otros entes públicos”, ni “interponer acciones de inconstitucionalidad” o “promover controversias constitucionales en dicho ámbito”.

Además, contra las resoluciones de las autoridades garantes “procederá el juicio de amparo ante los juzgados y tribunales que determine el Poder Judicial de la Federación”, en concordancia con el marco legal federal.



Ambas iniciativas prevén la abrogación de las leyes estatales de 2016 y 2017 en materia de transparencia y protección de datos personales, respectivamente. Los expedientes del IVAI deberán ser entregados a la Contraloría General del Estado en un plazo de 20 días hábiles.

También se establece que “el Comité del Subsistema de Transparencia deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales” tras la entrada en vigor de la nueva Ley.

Los poderes del Estado y organismos autónomos contarán con 30 días naturales para hacer las adecuaciones necesarias a su normativa interna. Durante un periodo de 90 días naturales se “suspenden todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación”, excepto la atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.