Plantea PT que todos los altos cargos en SEV sólo sean para quienes cumplan con perfil necesario

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, presentó ante la LXVII Legislatura una iniciativa de ley que busca establecer requisitos académicos y experiencia comprobable para quienes ocupen cargos directivos y técnicos dentro del sistema educativo estatal.

“La dirección del sistema educativo requiere servidores públicos con conocimientos técnicos, experiencia comprobada en gestión educativa y compromiso ético dentro del servicio público”, expuso el legislador al presentar la iniciativa de Ley para la Profesionalización y Acreditación de las Autoridades del Sector Educativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Díaz Ávila argumentó que la actual legislación veracruzana “no establece los perfiles académicos, experiencia mínima ni mecanismos de verificación para quienes ejercen funciones directivas y técnicas especializadas dentro del sistema educativo estatal”. Citó que el artículo 50 de la Constitución local sólo exige que los titulares de dependencias “sean veracruzanos, cuenten con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada, y no incurran en impedimentos legales”, sin detallar requisitos vinculados al ámbito educativo. “Como se puede apreciar y enfocados al tema que nos ocupa, ninguno de los ordenamientos precisados establece los requisitos de contar con estudios especializados o vinculados al sistema educativo, ni la experiencia previa en este ramo, para ocupar el cargo de titular de la Secretaría”, señaló.



La propuesta busca evitar designaciones de carácter político o administrativo “ajenas a la formación técnica pedagógica necesaria para el desarrollo pleno de la niñez y la juventud”, lo que, dijo, ha afectado la calidad de las políticas educativas.

La iniciativa contempla que los titulares de la Secretaría de Educación, subsecretarías y direcciones generales cuenten con estudios en áreas afines a la educación o administración pública y acrediten experiencia mínima de tres a siete años en gestión o docencia. “Los procesos de designación y desempeño se regirán por los principios de idoneidad, mérito, legalidad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo”, se establece en el proyecto.

Asimismo, se propone crear un Comité Estatal de Profesionalización Educativa para evaluar perfiles y emitir dictámenes de idoneidad, y un Registro Estatal de Directivos Educativos con datos sobre formación, experiencia y resultados de evaluación. “La presentación de documentos falsos será causal de nulidad de nombramiento y sanción administrativa o penal conforme a la legislación aplicable”, detalla el texto.