Plantean investigar persecución contra periodistas y defensores en sexenio de AMLO

Una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley plantea que las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en México podrían analizarse como un posible crimen de lesa humanidad, bajo la figura de persecución.

En un artículo publicado el 24 de septiembre de 2026 en el portal Just Security, la especialista en derecho internacional Lindsay Freeman expone que las agresiones físicas, el espionaje digital, las campañas de hostigamiento y la estigmatización pública podrían formar parte de un mismo patrón de ataques contra quienes investigan abusos de poder y asuntos de interés público.

El estudio abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la metodología descrita por la autora, durante esos años fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, para un total de 337 víctimas. Freeman sostiene que las cifras deben analizarse junto con otros hechos, como el uso de herramientas de vigilancia, las amenazas, la difusión de información privada y los procesos judiciales contra personas críticas del gobierno.

Señalan 5 mecanismos de presión

El artículo identifica 5 prácticas que, de acuerdo con la investigación, habrían operado de manera relacionada: la estigmatización desde espacios oficiales, el hostigamiento coordinado en plataformas digitales, la vigilancia mediante programas espía, el uso de acciones judiciales contra críticos y la impunidad en las agresiones.

Entre los casos mencionados se encuentra el uso del programa Pegasus para intervenir dispositivos de periodistas y defensores de derechos humanos.

La autora también refiere campañas de descalificación desde las conferencias presidenciales y ataques digitales que incluyeron amenazas y divulgación de información personal.

El texto cita investigaciones previas de organizaciones como R3D y Citizen Lab, así como documentos militares filtrados en 2022, para sustentar sus señalamientos sobre el espionaje.

Examinar el caso bajo el Estatuto de Roma

Freeman plantea que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debería realizar un examen preliminar sobre la situación de México para determinar si existen elementos que justifiquen una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad. Su argumento se apoya en la política sobre crímenes cometidos o facilitados mediante herramientas digitales, publicada en diciembre de 2025 por la Fiscalía de la CPI.

Según la especialista, las tecnologías de vigilancia y las operaciones de hostigamiento digital pueden formar parte de una campaña de persecución cuando se combinan con otros actos graves y cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma. El artículo no informa que la Corte haya abierto una investigación contra México ni que exista una resolución judicial que confirme la comisión de esos delitos.

Como parte del trabajo, el Centro de Derechos Humanos de Berkeley puso a disposición pública una plataforma con información sobre agresiones contra periodistas y defensores durante el periodo analizado. El sitio incluye 75 expedientes de casos, una base de datos de víctimas y documentación sobre vigilancia, hostigamiento digital, violencia física y falta de sanciones.

La investigación sostiene que este material podría servir para que autoridades y organismos especializados examinen si los hechos reúnen los elementos necesarios para una investigación internacional. Los señalamientos y la propuesta de llevar el caso ante la CPI corresponden a la autora y al equipo investigador; no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad de funcionarios o instituciones.

Artículo original:
https://www.justsecurity.org/158283/persecution-mexico-icc-cyber-policy/