Plantean que el Plan B obligue a gobernadoras/es a la Revocación de Mandato

El denominado Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea entre otros puntos la posibilidad de una revocación de mandato en 2027 o 2028 para la titular del Ejecutivo federal, reavivó la exigencia de partidos de oposición para que ese mecanismo también se aplique a gobernadoras y gobernadores.

En el Congreso de Veracruz, donde la mayoría de MORENA ha señalado que someter a la mandataria estatal Rocío Nahle a este instrumento “no es un tema prioritario”, fuerzas opositoras plantearon que la figura debe extenderse a los ejecutivos estatales bajo el mismo principio de pérdida de confianza.

El Partido Acción Nacional (PAN) llevó el planteamiento al ámbito federal y propuso incorporar a los gobernadores en el esquema de revocación previsto en la reforma. Desde el Senado de la República, su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, cuestionó si los gobiernos emanados de MORENA aceptarían someterse al mismo mecanismo que se busca aplicar a la Presidencia.

“Nosotros vamos a proponer también que si se puede revocar para la Presidencia de la República se incluyan a los gobernadores. ¿Cómo le caería eso a MORENA?, ¿cómo le caería a uno que otro gobernador que se ha hecho famoso aquí en este país?”, declaró.

Revocación en 2027 o 2028

El proyecto enviado por el Ejecutivo federal plantea modificar las reglas vigentes de la revocación de mandato para permitir que la persona sujeta al proceso pueda difundir la consulta y promover el voto a su favor, con una jornada prevista para el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.

Hay que recordar que la iniciativa fue turnada al Senado tras el rechazo de una propuesta previa en la Cámara de Diputados y se tramita como una reforma constitucional en materia electoral. En el marco actual, la revocación es un mecanismo solicitado por la ciudadanía para decidir la conclusión anticipada del encargo presidencial por pérdida de confianza.

La Constitución establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoca el proceso a petición ciudadana con firmas equivalentes al 3 por ciento de la lista nominal, distribuidas en al menos 17 entidades. También fija que la solicitud sólo puede presentarse una vez, dentro de los 3 meses posteriores al tercer año de gobierno.

El esquema vigente prohíbe que la consulta coincida con elecciones federales o locales y establece que la votación se realice el domingo posterior a 90 días de la convocatoria, con una participación mínima de 40 por ciento para que el resultado sea vinculante.

En materia de comunicación, la normativa actual asigna al INE la difusión del proceso y prohíbe la contratación de propaganda en radio y televisión para influir en la opinión pública, además de ordenar la suspensión de propaganda gubernamental desde la convocatoria hasta la jornada.

El Plan B introduce cambios en esos criterios al ampliar la posibilidad de activar el proceso desde el segundo año de Gobierno, fijar una fecha determinada para la consulta y permitir la participación pública de la Presidenta o de la persona sujeta a revocación.

El proyecto establece que la jornada se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año, lo que abre la posibilidad de que coincida con elecciones intermedias, como las previstas en 2027 para la renovación de la Cámara de Diputados y comicios locales en algunas entidades o en el 2028.

Uno de los puntos centrales es la modificación al artículo 35 constitucional para permitir que la persona en funciones difunda el proceso y promueva el voto a su favor. La Presidenta defendió el cambio al señalar que se trata de una corrección a restricciones aplicadas en ejercicios anteriores. “¿Cómo es que estás sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar?”, expresó.

El proyecto mantiene la prohibición de utilizar recursos públicos para recabar firmas y de contratar propaganda para difundir la consulta. Sin embargo, modifica el periodo de suspensión de propaganda gubernamental, al acotarlo a los 60 días previos a la jornada.

En el Senado, el análisis incluye la delimitación de los alcances de esa difusión. El presidente de la comisión de puntos constitucionales, Óscar Cantón, indicó que se buscará precisar que la participación de la mandataria se limite a explicar el proceso. “El pueblo conozca el proceso”, señaló.

Otras propuestas

El Plan B incorpora otros ajustes, entre ellos límites en el número de regidurías municipales, topes presupuestales para congresos estatales y reducciones en el presupuesto del Senado. También contempla restricciones a prestaciones de altos funcionarios y modificaciones en materia de fiscalización electoral.

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requiere el respaldo de mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y la aprobación de congresos estatales para su eventual entrada en vigor.