Aproximadamente 40 familias de la colonia 2000, ubicada en la comunidad Tepetitlanapan, municipio de Zongolica, se dicen afectadas por el abogado Martín Castillo Hernández, quien construyó un portón en el acceso de una sección de la colonia impidiendo el paso vehicular bajo el argumento de temas de seguridad, negándose a entregar llaves del candado a los pobladores.
Los afectados refieren que como resultado de esta situación no pueden acceder a sus propiedades con insumos, mercancías o servicios de abasto, ni siquiera unidades de Comisión Federal de Electricidad o servicios de emergencia, siendo que es paso obligado de alumnos que asisten a un jardín de niños y una escuela primaria ubicada a un costado de la carretera.
Además, en la colonia habitan adultos mayores y discapacitados que no están exentos de requerir los servicios de emergencia y que han tenido que ser transportados en carretillas o parihuelas para ser atendidos de accidentes o enfermedades, porque el abogado no quiere permitir el flujo de vehículos. Como alternativa para solucionar sus necesidades, los afectados interpusieron una denuncia por la vía conciliatoria, que fue radicada ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito de Zongolica, bajo el numeral 136/2025, donde aseguran que el abogado utiliza sus influencias para retrasar la querella a fin de que desistan en su demanda.
Las familias afectadas señalan que, desde hace más de 50 años, el tramo en disputa era una brecha que servía de paso mular para el transporte de madera de los habitantes de la sierra de Zongolica y tenía una longitud de 3 metros de ancho. Fue en el año 2000 que la zona se empieza a poblar, dando surgimiento a la colonia y siendo reconocida por las autoridades municipales por lo cual, en el año 2002, el camino se amplió para dar comunicación y servicio a las familias quedando en 5.50 metros de ancho.
Es en esta sección ubicada al paso de la carretera Zongolica-Texhuacan, donde el abogado Martín Castillo Hernández adquirió un predio en el año 2004, ubicado justo en el acceso, y en el 2024 instala un portón bajo el argumento de brindar seguridad a las familias. Los ahora afectados accedieron porque el abogado cumplió el compromiso de entregarles llaves para pasar con vehículos, pero al poco tiempo cambió el candado del portón, obligándolos a dar la vuelta hasta la segunda sección para acceder a sus propiedades en vehículo, pero para ello deben atravesar terrenos privados que de momento no tienen construcción.
Tras ser requerido por el Juez conciliador, el abogado argumentó que en la zona del portón sí hay paso peatonal a los predios y que hay otro acceso para las familias, aunque para ello se debe dar la vuelta en una zona alejada y atravesar dos propiedades si se quiere hacer el trayecto en vehículo. Por todo ello, los afectados exigieron a las autoridades impartidoras de justicia, así como municipales, que intervengan y den solución, pues no se puede poner en riesgo a decenas de familias ni limitar sus derechos por la inconciencia de un abogado que pretende controlar el acceso o cobrar por ello.