Poder Judicial busca mejorar labor del Centro Estatal de Justicia Alternativa

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos.

Destacó que es necesario que un magistrado perteneciente al Consejo de la Judicatura forme parte del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y no como está estipulado actualmente, que es un magistrado de la Visitaduría.

Lo anterior redundará, señala, en que la toma de decisiones pase precisamente por el Consejo de la Judicatura, pues son estos magistrados los que se encargan de “conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera del Poder Judicial”, lo que incentivaría que el Centro de Justicia se allegara de parámetros que cumplan con el acceso a la justicia de la ciudadanía.



Igualmente, sostiene que es necesaria la modificación dado que la reforma laboral de 2017 estableció un Centro de Conciliación Estatal en la materia.

Debido a que el Centro Estatal de Justicia Alternativa también ofrece soluciones alternas a problemas de este tipo, se busca que no sean duplicadas las actividades.

La iniciativa propone que el Centro estatal tenga un patrimonio que considere todo tipo de ingresos públicos y privados, nacionales y extranjeros, rendimiento y en general cualquier percepción que lograse.



De ahí que es necesario que sea reformada la fracción II del artículo 6 y la fracción IV del artículo 38; además, adicionar el capítulo IX denominado: Del Patrimonio del Centro Estatal, así como el artículo 44 de la Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

Con ello, se establecerá que la ley del Estado únicamente tendrá injerencia en materia laboral en aquellos asuntos que establezca el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado.

También se observará a partir de ahora que el patrimonio del Centro Estatal estará constituido por los recursos que le sean asignados en el presupuesto de egresos; así como de apoyos, subsidios y aportaciones que reciba del gobierno federal, estatal, extranjero.



De las aportaciones, donaciones, legados y demás que reciba de la iniciativa privada y sector público y social.

Que su patrimonio también será constituido en general por todos los derechos, obligaciones que entrañen utilidad económica, ya sea por certificaciones, permisos, licencias y autorizaciones; rendimientos, recuperaciones y todo tipo de ingreso.