Poder Judicial de Veracruz apenas y tendrá aumento de presupuesto en 2023

El presupuesto que se contempla al Poder Judicial de Veracruz para el ejercicio fiscal 2023 es de mil 959 millones 893 mil 107 pesos, que significa un incremento mínimo del 0.1%, 28.7 millones de pesos, con relación a lo que se ejerce este año, que es de 1 mil 931 millones 216 mil 538 pesos.

Los recursos serán destinados principalmente al pago de nómina. Sólo en los Tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, de Conciliación y Arbitraje, y el Consejo de la Judicatura hay 2 mil 778 trabajadores de base, de contrato y de pagos por compensación.

Del presupuesto total del Poder Judicial se propone destinar al rubro de Servicios Personales, mil 703 millones 586 mil 71 pesos; al capítulo de Materiales y Suministros, 19 millones 338 mil 833 pesos; al rubro de Servicios Generales, 220 millones 930 mil 663 pesos; para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 14 millones 937 mil 440 pesos; y para el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 600 mil 100 pesos; y para Inversiones Financieras, 500 mil pesos.

Con base al Proyecto de Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos, al Tribunal Superior de Justicia se contempla destinar 414 millones 866 mil 830 pesos; al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 93 millones 559 mil 833 pesos; al Consejo de la Judicatura, 1 mil 403 millones 554 mil 867 pesos; y al Centro Estatal de Justicia Alternativa, 47 millones 911 mil 577 pesos.

El presupuesto que se destina al Consejo de la Judicatura considera la disponibilidad para cubrir el monto mensual de las obligaciones derivadas por la celebración de contratos de Asociación Público-Privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales.

El objetivo del presupuesto del Poder Judicial es garantizar el cumplimiento de la función jurisdiccional, la aplicación de justicia pronta, expedita y completa a los ciudadanos y de esta manera asegurar el Estado de Derecho.

“Ejecutar los principios de impartición de justicia imparcial, honesta y completa; efectuar la capacitación, profesionalización y mejora continua del personal jurisdiccional y administrativo; diseñar e implementar programas encaminados a disminuir las diversas formas de violencia y la delincuencia, que favorezcan la percepción de seguridad, enfocados en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad”.