Poder Judicial de Veracruz es sumiso ante la 4T: Tomás Mundo

La Reforma Judicial en Veracruz no fortaleció la independencia de jueces y magistrados, sino que confirmó el sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo estatal, acusó el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa.

El litigante cuestionó que el Primer Informe de Resultados del Órgano de Administración Judicial se realizara a puerta cerrada, sin convocar a medios de comunicación y con la gobernadora Rocío Nahle entre las invitadas.

A su juicio, la presencia de la mandataria en un acto del Poder Judicial refleja una relación que rebasa la coordinación entre instituciones. “Lo que vi confirma lo que se escucha en los pasillos: una sumisión. Está bien que haya coordinación, pero lo que ha faltado en los tribunales es independencia judicial”, afirmó.



El pasado viernes Órgano de Administración Judicial presentó su informe correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a junio de 2026 ante representantes de los poderes públicos.

Su presidenta, Alma Rosa Flores Ceballos, defendió el modelo surgido de la reforma constitucional de 2024 y sostuvo que la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales permite a jueces y magistrados concentrarse en la resolución de los asuntos. Aunque durante el acto se habló de transparencia y rendición de cuentas, el acceso a reporteros fue restringido y el mensaje se difundió por medio de la transmisión institucional.

Mundo consideró que el formato del informe contradice el discurso de apertura institucional y dijo que la evaluación del sistema judicial debe incluir las condiciones en las que se resuelven los procesos penales. “No hay una independencia que permita a los juzgadores resolver conforme a Derecho. Lo vivimos en las salas de audiencia”, señaló.



Sentencian sin pruebas

De acuerdo con el abogado, algunos jueces le han reconocido que dentro del sistema se privilegia el número de sentencias condenatorias, situación que, dijo, incide en la valoración de las pruebas y en la motivación de las resoluciones. “Algunos jueces que tienen el valor nos han dicho que entre más sentencias condenatorias se dicten, mejor. Entonces te decepciona saber que lo que estudias sobre motivación de las decisiones judiciales, razonamiento probatorio y valoración racional de la prueba, muchos jueces lo echan por la borda porque lo que les interesa son los números”, expresó.

El penalista sostuvo que el informe administrativo no abordó la forma en que los órganos jurisdiccionales aplican la ley ni las condiciones que enfrentan las personas sujetas a procesos penales.



Pidió que la gobernadora se reúna también con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, con el Tribunal de Disciplina Judicial y con el Órgano de Administración para revisar el funcionamiento de los tribunales, las medidas cautelares y los criterios utilizados en las sentencias. “Se hablaba de que la justicia está caminando y de que hay transparencia. Eso no es cierto. La realidad se vive todos los días en los tribunales”, sostuvo.

Cuestiona prisión preventiva

Mundo señaló que en las cárceles de Veracruz hay más de 9 mil personas privadas de la libertad y que alrededor de 5 mil 500 permanecen sujetas a prisión preventiva. Agregó que no existen revisiones periódicas de las medidas cautelares y que, cuando se realizan audiencias, los jueces suelen mantener el encarcelamiento. “Tenemos más de 5 mil 500 presos en prisión preventiva. No hay revisión de medidas cautelares y, en los pocos casos donde hay audiencia, los jueces confirman la prisión”, afirmó.



El litigante mencionó la sentencia del caso Carranza Alarcón contra Ecuador, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sostuvo que sus criterios obligan a los juzgadores a revisar la necesidad de mantener la prisión preventiva.

Según Mundo, entregó tres escritos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para solicitar que se atienda esa obligación, pero no ha recibido respuesta. “Hay 5 mil 500 presos, pero también hay 5 mil 500 familias afectadas por el abuso de la prisión preventiva”, manifestó.

En el marco del Día del Abogado, llamó a los diputados federales a no ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa previsto en el artículo 19 de la Constitución. Argumentó que esa medida permite que personas imputadas permanezcan en prisión sin que el Ministerio Público justifique la necesidad de la cautela y sin que un juez analice otras alternativas.



Mundo afirmó que la discusión sobre la reforma judicial no debe limitarse a cambios administrativos, reglamentos, reorganización de juzgados o trabajos en inmuebles. Consideró que las autoridades deben revisar la calidad de las resoluciones, la formación de peritos y los criterios utilizados por jueces y magistrados. Como ejemplo, relató que durante una audiencia pidió que una prueba psicológica fuera realizada por un especialista en psicología forense, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no por una psicóloga clínica.

Sin embargo, añadió, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia consideró que la diferencia correspondía a una “etiqueta formal”. “Eso nos preocupa porque muestra la forma en que están resolviendo, lejos de los argumentos jurídicos que deben sostener una decisión”, señaló.