Poder Judicial de Veracruz “improvisa” a secretarios y proyectistas como magistrados

El riesgo de posponer hasta diciembre el nombramiento de 12 nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) propiciaría que las resoluciones que emitan las salas sean impugnadas y se revoquen por inconstitucionales.

El exmagistrado José Lorenzo Álvarez Montero recordó que las salas del TSJ se integran con tres magistrados y ante la jubilación forzosa y voluntaria de 12 togados, algunas de ellas quedaron incompletas.

Aunque para no detener los casos que llevan, de momento se habilitó como magistrados a los secretarios de esas salas y a los proyectistas; sin embargo, en sentido estricto de la ley, se están integrando indebidamente; lo que deja abierto el camino para que alguien impugne las resoluciones que emitan.



“Eso da lugar a varios problemas, porque una persona que tenga una sentencia en contra puede impugnar con el argumento de que la Sala no está debidamente integrada; toda vez que hay personas que no son magistrados y aun así dictan resoluciones”.

El riesgo, reiteró, es que se impugnen las resoluciones por inconstitucionales y el problema es que si llegara a existir una impugnación, “se viene todo como en cascada”.

Asimismo, dijo que para ser magistrado del Poder Judicial se requiere ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos.



Tener, cuando menos, 35 años cumplidos y no más de 60 al día de su designación; poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de 5 años y contar, preferentemente, con estudios de posgrado o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor a ese lapso.

Además de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; aunque si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley en la materia.

Sin embargo, apuntó que no todos los proyectistas y secretarios de salas cumplen con los requisitos para ser magistrados.