Poder Judicial de Veracruz no puede con Ciudades Judiciales

Por incumplimiento del Poder Judicial en los contratos para la construcción de 20 Ciudades Judiciales suscrito con las empresas Desarrolladora CJEV S.A.P.I. de C.V, propiedad de la familia Ruiz Anitúa, en un año la deuda pública de esa entidad se incrementó en un 155.74%.

En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, se detalla que al cierre de la Cuenta Pública 2021, el Poder Judicial contaba con 20 contratos vigentes de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de igual número de Ciudades Judiciales.

Se detectó que sólo cuatro se encuentran terminados y operando: Papantla, Martínez de la Torre, Medellín de Bravo y Tuxpan y 12 no cuentan con avance físico alguno.

Por ellas se pagaron 39 millones a lo largo del 2021; el costo total de las obras y el mantenimiento supera los 260 millones de pesos.

“Por lo anterior, al cierre del ejercicio 2021 sólo se identificaron obligaciones a cargo del Poder Judicial del Estado que ascendieron a un monto de 260 millones 732 mil 792.07 pesos; esto representa un incremento del 155.74% respecto del ejercicio 2020”, dice el Informe.

Asimismo, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) refiere que al 31 de diciembre del año pasado existen 12 Ciudades Judiciales que no contaban con avance físico alguno.

Lo anterior se debe al incumplimiento por parte del Poder Judicial sobre las condiciones suspensivas pactadas en cada contrato individual, debiendo cumplirse en un plazo máximo de un año considerando el periodo de prórroga, pero dicho plazo ya está vencido.

Las 12 Ciudades Judiciales que no presentan avance físico alguno con Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica de Hidalgo, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo Temapache.

Los proyectos relativos a las Ciudades Judiciales de Coatzacoalcos y Poza Rica de Hidalgo son los que presentan mayor rezago.

La auditoría del ORFIS refiere que, en cada contrato individual, se da inicio al esquema de pagos programados denominados “contraprestación mensual”, los cuales se encuentran integrados por una tarifa mixta que comprende por una parte el reembolso de la inversión realizado por el contratista más el pago por los servicios de conservación y mantenimiento.

Aclaró que la contraprestación mensual está sujeta a un ajuste periódico obligatorio con relación al incremento que muestre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de acuerdo con lo estipulado en cada contrato individual. Por lo anterior, el monto final pactado en contrato de cada Ciudad Judicial no es fijo y estará sujeto a cambio y/o incrementos.

Aunado a ello, durante una revisión física a las Ciudades Judiciales, los trabajadores se quejaron de las deficiencias, ya que expresaron que hay desde filtraciones hasta riesgo de desgajamiento del cerro que rodean los edificios que se construyeron con tabla roca.