Poder Judicial de Veracruz, “pésimo” para administrar; pierde inmuebles por pobre

En una carta abierta dirigida a la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz, abogados de Orizaba recriminaron la pobreza y “pésima administración” de los recursos e inmuebles del Poder Judicial de Veracruz debido al proyecto para trasladar el Juzgado Sexto en Materia Familiar al municipio de Nogales, lo que llevaría a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.

Los abogados postulantes del XV Distrito Judicial advierten además que dicho movimiento sería ilegal pues violará la Ley Orgánica del mismo Poder, que establece a Orizaba como cabecera del Distrito Judicial, sumado a que a miles de personas se les complicaría el acceso a la justicia.

“Dicho acuerdo (sobre el traslado) carece tanto de fundamentación jurídica como del estudio socioeconómico y jurídico correspondiente para tal fin (…).



“El traslado de esta entidad gubernamental viola el acceso a la justicia que garantiza el Artículo 17 de la Constitución General de la República, que debe ser pronta y expedita y sin costas judiciales (ya bastante tenemos con el pago de las copias certificadas que en otros estados no causan gravamen alguno)”, dicen los abogados.

Los abogados explicaron que en Orizaba, el centro del Distrito Judicial, hay todas las actividades necesarias como la económica, empresarial, judicial, de bienes y servicios; mientras que en Nogales el servicio de telefonía celular es "pésimo", carece de bancos para el pago y cobro de pensiones alimenticias, consignaciones y pago de derechos por expedición de copias certificadas.

Asimismo, los abogados detallan que en la zona de Nogales se atenderá a menos personas, pues su población es de apenas 21 mil 113 habitantes.



En comparación con Orizaba, “que cuenta 123 mil 182 habitantes, sin contar la población que se ubica en los municipios de la zona conurbada que lo rodea, lo que causará doble gasto de los justiciables a la nueva sede qué arbitrariamente se pretende llevar”.

Por esta diferencia de habitantes, exponen que una auditoría de desempeño al Tribunal Superior de Justicia exhibiría un daño a la hacienda publica, debido a que los recursos deben aplicarse con eficacia y eficiencia, por lo que notificarán a la Cámara de Diputados y ésta a su vez a la Auditoría Superior de la Federación.

“Daremos cuenta y solicitaremos a la Cámara de Diputados federal que en artículo 74 de la Constitución están obligados, vía la Auditoría Superior de la Federación, a ar seguimiento, que los presupuestos asignados a cada entidad sea aportaciones o participaciones, sean con el destino de productividad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas”.



Por último, ante esta situación, piden al Ayuntamiento de Orizaba proporcionar un edificio para albergar el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, “ante la pobreza del Poder Judicial para el pago de renta del local que a la fecha ocupa”.

“Los justiciables no tenemos por qué sufrir la pésima administración de los recursos e inmuebles del Poder Judicial Del Estado. Como la Ciudad Judicial de Veracruz, tan mal diseñada y peor construida en donde en cada temporada de nortes, se quiebran los cristales del edificio y salen volando las promociones y expedientes de los justiciables”.