Ponen plazo para definir a beneficiarios con obra de complejo habitacional, en Veracruz

Según lo mencionado por el director de Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), Gerardo Zamora Garrido, el ayuntamiento de Veracruz tiene hasta el 16 de noviembre para completar la lista de beneficiarios que ocuparán las 88 casas del complejo “Antonio Exsome Nahum”, que debe ser entregado a personas que califiquen como madres solteras o discapacitadas.

Mencionó que se contaba con un listado de 200 aspirantes a ser beneficiarios de dicho programa, pero declaró que hace un par de semanas los bancos Santander y Banorte le informaron que ninguna de estas personas fue aceptada, pues contaban con problemas en el buró de crédito o no ganaban lo suficiente como para garantizar el pago de las viviendas, vía descuento mensual.

“Este proyecto tiene un término de vida y estamos muy pegados al final del ejercicio de una administración federal, tenemos hasta el día 16 de noviembre para tener todos los nombres”, expresó.



Manifestó en su discurso que la convocatoria no se lanzó de forma mediática en el primer semestre, pues se toparon con la veda electoral; por lo que solicitaron a los 13 regidores que, como representantes del pueblo, hicieran del conocimiento de los ciudadanos este programa.

“Nos dimos a la tarea, algunas Regidurías estuvieron mandando gente conocida, equis, no las conozco ni son de las regidurías, cada quien a lo mejor de su contacto que tuviera con el público o con la gente, pues estuvieron mandando.

“Efectivamente, llegaron empleados municipales, de los 88 creo que son 15 empleados municipales, que no lo prohíben las reglas del juego, les hemos mandado las reglas del Fideicomiso, es un poco cansado leerlo porque son 112 hojas, pero viene muy claro en el reglamento cuales son y todos tienen derecho, todos, es población, no hay excepción, cualquiera puede acceder a este ejercicio”, subrayó.



Al refutarle el regidor Marlon Ramírez que durante enero, febrero y marzo, no había veda electoral, sino que ésta inició en abril, el director de INMUVI cambió el discurso y dijo que durante esos primeros tres meses, se dedicaron a investigar que el contrato que inicialmente hizo la administración de Ramón Poo Gil con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) estaba en total legalidad, pues se les hizo sospechoso que el terreno donde se construirían las viviendas tiene un costo elevado y las casas serían relativamente baratas.

Finalmente, expuso que no encontraron irregularidades en el contrato, pero como parte de una nueva administración, que busca la transparencia, tuvo forzosamente que iniciar el proceso antes mencionado generando así una serie de cuestionamientos que provocaron una larga comparecencia ante Cabildo este miércoles, misma que terminó con una solicitud de transparencia respecto de cada uno de los nuevos beneficiados, todo supervisado por la Contraloría Municipal.