Por 5 presuntos delitos denunciará el INE a su expresidenta Guadalupe Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala, por cinco posibles delitos relacionados con presuntas anomalías en la contratación de empresas proveedoras y el manejo de recursos públicos durante su administración.
El proyecto jurídico contempla posibles conductas de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La denuncia no se limitaría a la exfuncionaria, sino que buscaría que las autoridades ministeriales investiguen a otros servidores públicos y particulares que pudieran haber intervenido en las operaciones cuestionadas.
La consejera presidenta interina del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que el área jurídica del organismo trabaja en la revisión del documento, cuyo contenido deberá ser analizado antes de su presentación formal ante la Fiscalía.
El proceso busca establecer si existieron decisiones administrativas que favorecieron indebidamente a empresas contratistas y si estas operaciones ocasionaron afectaciones al patrimonio público

Los cinco delitos
El proyecto de denuncia contempla las siguientes figuras penales:
Enriquecimiento ilícito: por un posible incremento patrimonial de servidores públicos que no pudiera justificarse con sus ingresos legítimos.

Peculado: relacionado con la eventual utilización o disposición indebida de recursos públicos.



Tráfico de influencias: por posibles intervenciones irregulares para favorecer negocios o contrataciones con dependencias públicas.

Ejercicio abusivo de funciones: por el eventual uso de atribuciones oficiales para obtener beneficios personales o para terceros.

Uso ilícito de atribuciones y facultades: por posibles irregularidades en procedimientos de contratación, adquisiciones y servicios públicos.



La inclusión de estas figuras en el documento representa una propuesta de investigación. Será la FGR la que determine si existen elementos suficientes para abrir o ampliar una carpeta, establecer las conductas que pudieran constituir delitos y definir quiénes serían los responsables.

Contratos con proveedores, en el centro de las indagatorias
Las posibles irregularidades están relacionadas con las contrataciones de empresas que suministraron materiales y servicios al INE, así como con presuntos vínculos entre proveedores y personas que ocuparon cargos dentro de la estructura electoral.

Entre las compañías que han sido mencionadas en los señalamientos públicos se encuentran Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales. Las revisiones buscan esclarecer si determinados contratos fueron asignados mediante procedimientos adecuados, si los bienes y servicios se entregaron conforme a lo pactado y si existieron relaciones que pudieran representar conflictos de interés.
El caso también ha generado solicitudes para que la Auditoría Superior de la Federación examine las adquisiciones del Instituto durante distintos periodos administrativos.



Denuncias partidistas también alcanzan a la exfuncionaria

Los señalamientos contra Taddei no se limitan al procedimiento que prepara el INE. El Partido Acción Nacional (PAN) presentó el 27 de octubre una denuncia ante la FGR por seis posibles delitos, entre ellos cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Por su parte, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, presentó el 4 de noviembre otra denuncia penal contra Taddei y otros funcionarios electorales por presuntas conductas relacionadas con tráfico de influencias y otros ilícitos.
Estas acciones son independientes del expediente que prepara el propio instituto electoral y deberán ser analizadas por las autoridades ministeriales.

Investigación pendiente



La eventual presentación de la denuncia del INE ante la FGR abriría una nueva etapa en el esclarecimiento de los señalamientos contra Guadalupe Taddei y otros integrantes de la estructura electoral.
Hasta el momento, los delitos mencionados forman parte de acusaciones y líneas de investigación, por lo que no existe una determinación judicial que establezca la responsabilidad penal de la exconsejera presidenta.
La Fiscalía deberá revisar los elementos que se presenten, determinar si procede iniciar una investigación y, en su caso, solicitar las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.
El caso mantiene bajo escrutinio las contrataciones del organismo electoral, en un contexto de exigencias de transparencia y rendición de cuentas rumbo a los comicios de 2027.