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Sección: Estado de Veracruz

Por acusación de funcionaria del ISSSTE no cobró pensión 9 meses; exige disculpa pública

- Docente jubilado logra convenio para que SEP le reintegre los pagos

- Subdelegada de Administración lo acusó de haber dispuesto de 140 mil pesos, lo cual negó

Cristina Velásquez Xalapa, Ver. 10/03/2023

alcalorpolitico.com


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El docente jubilado, Vicente Pérez Medina, denunció públicamente que por falso señalamiento de funcionaria, el ISSSTE le suspendió el pago de su pensión durante 9 meses, por lo que exigió una disculpa pública de la funcionaria.

Al respecto, señaló de esta anomalía a la Subdelegada de Administración y Prestaciones de Veracruz, Gabriela Avelar Salazar, quien sin razón lo acusó de haber dispuesto de 140 mil pesos.

“Argumentó que yo había determinado un monto que no me correspondía, cuando en ningún momento un pensionado interviene en la cantidad que le corresponde sino que son las autoridades de trabajo”, indicó.



Detalló que no cobró su pensión 9 meses debido a un error de cálculo por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por 140 mil pesos, por lo que Avelar Salazar había afirmado que el ciudadano había dispuesto de dicha cantidad, lo que no fue cierto, sin embargo, le fue suspendida la pensión.

“Tuve un problema de salud de una úlcera gástrica y tuve que ser operado en el hospital Los Ángeles de manera particular y con dinero prestado a pesar de tener ISSSTE, (pues) la decisión de esta señora me perjudicó”, agregó.

Asimismo, refirió que un abogado lleva su caso y presentó el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) tras lo cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) firmó un convenio en la que se comprometió a retribuir las pensiones atrasadas.



“Lo que más me molesta con esta funcionara es que me haya acusado de algo indebido, me difamó acusándome de que había dispuesto de 140 mil pesos”, dijo.

Asimismo, Pérez Medina indicó que pese a esta situación y como reparación de daños exige a la Subdelegada de Administración y Prestaciones una disculpa pública por daño moral.