Por alto índice de embarazos de adolescentes, Veracruz requiere de mejor educación sexual

La iniciativa de reforma a la Ley de Educación para que sean los padres de familia quienes ejerzan el derecho de autorizar si sus hijos toman clases que contengan temas de sexualidad, es un retroceso que atenta contra las niñas, los niños y adolescentes y un agravio al derecho humano a la educación.

“No a los retrocesos que atenten contra los derechos humanos y propicien discriminación”, aseveró Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Ayer martes, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares propuso una reforma a los artículos 149 y 171 de la Ley de Educación para que las autoridades educativas estatales estén obligadas a notificar a los padres de familia o tutores, con 15 días mínimo de anticipación, sobre la impartición de talleres o pláticas con temas de sexualidad para que den por escrito su consentimiento o no.



El legislador justificó que materias con contenidos de sexualidad no gozan de estudios científicos suficientes que prueben su validez y que, en consecuencia, se consideren aptas para impartirse desde una temprana edad.

En ese sentido, Mendoza Madrigal aseveró que en una entidad como la veracruzana con alto índice de embarazos de adolescentes, lo que se necesita es una mayor y mejor educación sexual y no una educación voluntaria a criterio de los padres de familia.

Agregó que no es posible que haya retrocesos en materia de derechos humanos, toda vez que anexar a la Ley de Educación la figura de PIN Parental (autorización expresa) es un “completo retroceso”.