El Cabildo de Acayucan aprobó por mayoría de votos iniciar acciones legales en contra de exfuncionarios de la administración municipal 2022-2025, encabezada por Rosalba Rodríguez Rodríguez, ante la falta de solventación de diversas irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción.
La determinación se tomó luego del análisis del dictamen en el que se advierten presuntas anomalías en el manejo de recursos. Por ello, el cuerpo edilicio instruyó a la Síndica y al área jurídica del Ayuntamiento a proceder con la presentación de las denuncias penales correspondientes.
La propuesta fue respaldada por el alcalde Raúl David Salomón García y la síndica Alma Rosa Flores Doroteo. En lo que respecta a la bancada de Movimiento Ciudadano, uno de sus 3 representantes votó a favor, mientras que los otros 2 se abstuvieron.
De acuerdo con Benjamín Huerta Martínez, regidor octavo y presidente de la Comisión de Obras Públicas, el dictamen –elaborado por un despacho especializado– reveló inconsistencias relevantes en rubros financieros y patrimoniales, las cuales no fueron debidamente justificadas por el comité de entrega de la administración saliente.
Entre los señalamientos más relevantes destaca la situación del Centro de Atención Social (CAS), obra que actualmente se encuentra inoperante y bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante un presunto daño patrimonial relacionado con el uso indebido de recursos federales destinados a la atención de la niñez y adolescencia migrante.
Aunque el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) otorga plazos legales para la aclaración de observaciones, el Cabildo determinó que no se presentaron pruebas documentales ni físicas suficientes para solventar las inconsistencias detectadas.
Huerta Martínez subrayó que esta acción no responde a intereses políticos, sino a la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos. “No se trata de una cacería de brujas, sino de un ejercicio de rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía”, puntualizó.