Por delito de coalición, detienen en Puebla a Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas de Duarte

La Agencia Estatal de Investigación de Puebla, informó que fue detenido este miércoles el exsecretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac Murillo.

A través de sus redes sociales, la dependencia de aquella entidad confirmó el hecho luego de subir una fotografía del otrora contralor durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

La detención se efectuó en el estado de Puebla, pero la tarde de este miércoles, Audirac Murillo sería trasladado al penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

El Código Penal Federal, en su artículo 216, define que cometen este delito quienes en condición de servidores públicos, se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.

La sanción que se podría imponer por dicha falta, va de los seis meses a los seis años de prisión y una multa de hasta 200 veces el salario a los servidores públicos implicados.

Hay que referir que en febrero del año pasado, el excontralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, reveló que se presentó una denuncia penal en contra del excontralor y exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo.

“Lo que ha pasado es que después de que se conjuntó toda la información adicional que teníamos al respecto también se presentó una denuncia penal en contra de Mauricio Audirac… nosotros entregamos toda la información en su momento a la Fiscalía General y ya corresponderá a ellos actuar, proceder”, manifestó.

El 23 de junio de 2015, García Guzmán señaló en conferencia de prensa, que tras las investigaciones de la PGR y de la Fiscalía General del Estado por el ejercicio de recursos públicos federales, se encontraron omisiones, irregularidades, negligencia e irresponsabilidad en el desempeño de las obligaciones de Mauricio Audirac Murillo, Carlos Aguirre y otros servidores públicos.

Definió que sí se encontraron motivos suficientes para iniciar una exhaustiva investigación del actuar de servidores y exservidores públicos estatales, por lo que actuaría con todas las facultades que le concede la ley contra quienes la han infringido.

Especificó que algunos de los exfuncionarios no documentaron ni certificaron la información que estaban obligados a presentar, por lo que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, establece sanciones que van desde el apercibimiento hasta la inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.