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Sección: Estado de Veracruz

Por desalojo, vendedores de Plaza Atenas bloquean calle en Xalapa

- Acusan a líder del Frente Popular Francisco Villa; exigen intervención del Ayuntamiento

- Dirigente argumenta que la acción se decidió entre integrantes de la organización

- Admite desconocer si la autoridad municipal tenía conocimiento de esta medida

Sergio R. Xalapa, Ver. 17/09/2026

alcalorpolitico.com


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Un conflicto entre comerciantes y una organización social se registró este jueves por la disputa de al menos 7 locales de una plaza, luego de que integrantes del Frente Popular Francisco Villa de la Unión Democrática del Estado de Veracruz ingresaran a los establecimientos y retiraran pertenencias de algunos locatarios, quienes denunciaron además daños o forzamiento de las chapas.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este jueves, cuando integrantes de la organización encabezada por José Enrique Mape Lozada acudieron al lugar y procedieron a abrir los locales, retirar objetos y colocar algunas pertenencias en el exterior, lo que generó inconformidad entre comerciantes que aseguran tener varios años ocupando los espacios.

Ante la confrontación entre las partes, elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para mediar en el conflicto; sin embargo, los locatarios señalaron que los agentes únicamente les recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias correspondientes.

Los comerciantes manifestaron su inconformidad al considerar que la presencia policial no ha resuelto la situación ni ha permitido determinar quién tiene derecho sobre los establecimientos.

Comerciantes denuncian retiro de mercancía y pertenencias

Entre los afectados se encuentra Hilario Tlaxcalteco Hernández, vendedor de papas fritas, quien afirmó que ocupa su local desde 2013. El comerciante relató que este jueves acudió a su establecimiento y encontró que sus pertenencias y mercancía habían sido retiradas y se encontraban afuera de la plaza, por lo que manifestó su inconformidad ante lo ocurrido.

Asimismo, Miguel Ángel Díaz, otro de los locatarios, afirmó que lleva aproximadamente 15 años trabajando en el lugar y que nunca había enfrentado un problema similar. Explicó que al llegar este jueves para abrir su negocio encontró la cortina levantada, la chapa dañada y sus pertenencias fuera del establecimiento.

Los comerciantes sostienen que los locales sí eran utilizados y que algunos de ellos llevaban varios años desarrollando sus actividades comerciales en esos espacios.

En entrevista, José Enrique Mape Lozada, quien se identificó como coordinador general del Frente Popular Francisco Villa de la Unión Democrática del Estado de Veracruz, afirmó que la organización que representa recibió la plaza hace más de 13 años.

De acuerdo con su versión, el espacio habría sido entregado a la organización por quien en ese momento se desempeñaba como presidenta municipal de Xalapa, Elizabeth Morales García.

Mape Lozada aseguró contar con documentación que acreditaría dicha entrega y la representación de la organización sobre el espacio, aunque durante la entrevista señaló que no llevaba consigo los documentos para mostrarlos.

El dirigente explicó que durante aproximadamente 4 meses ha sostenido conversaciones con la nueva administración municipal con el propósito de establecer espacios para integrantes de su organización.

Señaló que algunos de los comerciantes que forman parte del grupo ya tienen espacios derivados de esos acuerdos, aunque reconoció que no todos los integrantes de la organización están actualmente contemplados.

Argumenta que existió un procedimiento administrativo

Respecto a la intervención de los locales, Mape Lozada sostuvo que previamente existió un procedimiento administrativo realizado por el Ayuntamiento.

Al referirse a uno de los establecimientos cuestionados, afirmó que éste permaneció cerrado durante más de 13 años. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el señalamiento de que el espacio sí era utilizado por un comerciante, reconoció que éste habría sido utilizado como bodega.

El dirigente argumentó que, conforme a la normativa que invoca, un local de mercado no puede permanecer cerrado durante más de 10 días. Por ello, sostuvo que las personas que actualmente cuestionan el retiro de los espacios deben acudir ante el Ayuntamiento para aclarar su situación administrativa y no directamente con la organización que encabeza.

Reconoce que no presentó una orden de desalojo

Al ser cuestionado Mape Lozada sobre si acudió al lugar con una orden formal que autorizara el retiro de los ocupantes reconoció que no presentó una orden de desalojo en ese momento.

Explicó que la decisión de intervenir los espacios fue tomada mediante un supuesto consenso entre integrantes de su organización y reconoció que en el lugar únicamente se encontraba una parte de los miembros del grupo. Añadió que posteriormente se determinaría cómo evolucionaría la situación.

Desconoce si Ayuntamiento sabía de la intervención

Otro de los cuestionamientos realizados al dirigente fue si el Ayuntamiento tenía conocimiento de que integrantes de su organización acudirían este jueves a ocupar los locales.

Mape Lozada respondió que desconocía si la autoridad municipal tenía conocimiento, aunque dejó abierta la posibilidad de que así fuera. Aseguró que previamente habían sido entregados documentos relacionados con el procedimiento y que, a partir de ello, la organización tomó la decisión de ocupar los espacios.

Durante la entrevista también fue cuestionado sobre un señalamiento relacionado con una posible falsificación de firmas para la asignación de los locales; sin embargo, en el segmento de la conversación disponible no se obtuvo una respuesta concreta a esa acusación.

No hubo conciliación directa para realizar el desalojo

Al ser cuestionado sobre si contaba con respaldo del Ayuntamiento para realizar el retiro de los comerciantes, Mapel Lozada aclaró que no existió una conciliación directa con la autoridad municipal para efectuar el desalojo.

No obstante, sostuvo que existen acuerdos con la administración municipal que, desde su perspectiva, respaldan las acciones emprendidas por la organización.

Durante la entrevista no se precisó el contenido de dichos acuerdos, qué autoridad los habría suscrito ni si éstos contemplan expresamente la autorización para retirar a los comerciantes de los locales.

Locatarios advierten posible cierre de vialidad

Ante la falta de una solución al conflicto, los locatarios afectados señalaron que podrían cerrar la vialidad como medida de presión hasta que se presente en el lugar una autoridad municipal que atienda directamente sus demandas y les proporcione una solución.

Los comerciantes argumentaron que los elementos de la Policía Estatal que acudieron al sitio únicamente les han recomendado acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias correspondientes, pero, según su versión, esto no ha resuelto el problema relacionado con la posesión de los locales.

Por ello, advirtieron que mantendrán su protesta y que, de no presentarse una autoridad municipal para atender el conflicto, procederían al cierre de la vialidad.

Ayuntamiento buscaba recuperar y rehabilitar los espacios

De acuerdo con la información recabada, el Ayuntamiento había iniciado un proceso para recuperar los locales y posteriormente reasignarlos a comerciantes, debido a que algunos espacios permanecían cerrados y sus ocupantes no habrían regularizado la documentación requerida. Previamente, se habría notificado a los locatarios para que se pusieran al corriente con la documentación y cumplieran con los requisitos correspondientes.

La autoridad municipal también contemplaba impulsar la reactivación de la plaza mediante trabajos de mantenimiento, pintura y rehabilitación de los locales, a través de la Secretaría de Comercio.

El conflicto de este jueves surgió en medio de ese proceso, cuando integrantes de la organización encabezada por Mapel Lozada acudieron a los establecimientos y procedieron a ocuparlos, mientras comerciantes que aseguran tener años trabajando en el lugar denunciaron que sus pertenencias y mercancía fueron retiradas.

Por ahora, ambas partes mantienen versiones distintas respecto a la posesión y derecho de ocupación de los locales. Los locatarios permanecen a la espera de la intervención de una autoridad municipal, mientras que elementos de la Policía Estatal continúan en el sitio para mediar entre los involucrados. Aún queda pendiente conocer la postura oficial del Ayuntamiento y revisar la documentación que tanto los comerciantes como la organización aseguran tener para acreditar sus respectivos derechos sobre los espacios.