Ante la indiferencia de las autoridades locales y estatales por resolver los problemas de los adeudos que tiene con la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la dirigencia de esta organización magisterial hará uso de los recursos legales y de otros que la ley establece para lograr el resarcimiento económico del patrimonio laboral y sindical de sus agremiados.
En un comunicado dirigido a sus agremiados y a la opinión pública, se indica que en primer término procederá a presentar, en las próximas horas, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado en contra de Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas y Planeación del estado (SEFIPLAN), por su comprobada responsabilidad como servidor público en los actos y omisiones generados en perjuicio de los afiliados.
Además, se señala en el documento signado por el secretario general de la organización magisterial, Mario Hernández Sánchez, procederán a denunciarlo ante la Contraloría General del Estado para que sustancie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
Adicionalmente a estas acciones, el cuerpo de abogados de la Sección 56 del SNTE se encuentra preparando la demanda laboral que se presentará ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en contra del Gobierno del Estado por las obligaciones laborales que le resulten del incumplimiento de sus obligaciones y que se ha documentado oportunamente.
Las acciones antes mencionadas por esta organización se derivan del incumplimiento de los acuerdos tenidos el pasado mes de febrero, en donde el citado funcionario emitió un calendario de pagos de diversas prestaciones no cubiertas a los agremiados, el cual no fue cumplido como se estableció por dicha autoridad.
Por tal motivo, se impulsaron diversas acciones: dialogar, negociar, escritos, tomas de las instalaciones de la SEV y SEFIPLAN, así como solicitar la intervención del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que, por conducto Antonio Gómez Pelegrín, ratificara la obligación de entregar puntualmente los pagos pendientes con los trabajadores al servicio de la educación.
“Derivado de esto último, se formó el expediente laboral número E.P.9/2016 por concepto de ratificación de firma y, el pasado 6 de abril, fuimos notificados que el pleno del Tribunal citado, formado por tres magistrados, tuvo por ratificado el oficio en comento ante la omisión legal del licenciado Gómez Pelegrín, de dar respuesta; lo que nos sitúa en la posibilidad de ejercitar acciones legales de fondo como podrían ser la demanda laboral, denuncia penal y la denuncia correspondiente ante la Contraloría General del Estado por el incumplimiento de su responsabilidad como funcionario público”, refiere el documento.
En el comunicado, la organización sindical refiere también que por enésima ocasión no se cubren las pensiones en tiempo y forma a maestros jubilados, aún habiendo impuesto, por parte del Gobierno del Estado, el pasado 20 de mayo, con el voto mayoritario de los representantes oficiales, la disposición de trescientos sesenta millones de pesos de la reserva técnica bajo el argumento de asegurar el pago de las pensiones de los meses de junio, julio y agosto del año en curso. En esa ocasión, la Sección 56 del SNTE, al igual que la mayoría de los otros sindicatos, se opuso a la toma de esos recursos y no cejaremos en nuestra postura de que no se afecten más los recursos de la reserva técnica, por lo que el Gobierno estatal deberá disponer, de sus propias finanzas, como lo establece el artículo 98 de la Ley 287 del IPE, de los recursos necesarios para pagar en tiempo y forma las pensiones, sin afectar más la reserva técnica del IPE.
En ese tenor, reiteró la exigencia del pago inmediato de las pensiones del mes de junio del presente año que a la fecha no han sido cubiertas y el pago oportuno de las próximas pensiones, así como no afectar más los recursos de la reserva técnica.
De igual manera, se exigió por último a la Secretaría de Educación de Veracruz una respuesta pronta a los pendientes que se tienen, mismos que se derivan de la actitud negligente con que los abordan los funcionarios de la citada Secretaría.