Por lo pronto, Fiscal de Veracruz no podrá ser removido por Congreso

Tras desechar un recurso de queja del Gobierno del Estado, el juzgado primero de Distrito confirmó otorgar la suspensión definitiva al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz.

La autoridad jurisdiccional concedió dicho amparo al titular del organismo en contra del decreto número 749 mediante el cual se reforma el artículo 67 fracción I, inciso d de la Constitución política del Estado, dando la atribución a los diputados de removerlo del cargo.

Previamente la Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado, en representación del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, interpuso recurso de queja en contra el acuerdo del 21 de diciembre de 2018, cuando se concedió la suspensión provisional.

La suspensión determina que la Constitución se mantenga como antes de la reforma que da la atribución al Congreso de buscar la remoción del titular de la Fiscalía por las causas graves que establece la ley.

Esto impidiendo “los efectos y consecuencias de la entrada en vigor del Decreto número 749 publicado el 29 de noviembre del año 2018” en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 478 Tomo II.

Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez

Esto por unanimidad de votos de los magistrados presidente Anastacio Martínez García, Roberto Castillo Garrido y Víctor Hugo Mendoza Sánchez, de ahí que el juzgado primero de distrito concedió la suspensión definitiva mientras se desarrolla el juicio de amparo.

Entre los argumentos se alude al procedimiento ya establecido en la Ley para proceder a la destitución de Winckler Ortiz, “de conformidad con las leyes vigentes en el momento en que le fue conferido el cargo”.

Hay que recordar que al interior del Congreso se plantea la remoción de Winckler Ortiz por dos vías. Una es mediante la modificación a la Constitución para que el proceso lo destituya por causas graves y la otra por las denuncias de juicios políticos que se han presentado en contra del fiscal general.

Actualmente dos denuncias de juicio político ya se encuentran bajo el análisis de la Comisión Instructora, misma que citó al fiscal para su audiencia de pruebas y alegatos los días 23 y 24 de enero.