Por oficio, dueños de verificentros denunciaron a Rocío Nahle la corrupción de SEFIPLAN

Integrantes de la agrupación “Verificentros de Veracruz Unidos” entregaron al Gobierno de Veracruz documentación bancaria que, aseguran, respalda su denuncia por presuntos actos de corrupción, extorsión y cobro de “moches” dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

La documentación fue presentada el 14 de septiembre ante la Coordinación de Atención Ciudadana, como parte del seguimiento a la denuncia interpuesta el 19 de agosto contra funcionarios relacionados con la Dirección General de Verificación Vehicular.

El escrito fue dirigido a la oficina de la gobernadora Rocío Nahle García y también se incluyeron copias para el titular de SEFIPLAN, Miguel Santiago Reyes Hernández, así como para el Órgano Interno de Control de la dependencia. Entre las pruebas aportadas se encuentran impresiones de operaciones bancarias correspondientes a “Códigos de Retiro sin tarjeta” por 10 mil pesos, con una vigencia de 24 horas.

De acuerdo con los concesionarios, estos movimientos habrían sido solicitados de manera periódica y enviados al número telefónico que, según su denuncia, estaba relacionado con un servidor público identificado como Jesús Serrato. Los empresarios señalan a Serrato como presunto enlace operativo de la Dirección General de Verificación Vehicular, cuya titular es Paola Elizabeth López Chávez.

Los integrantes de la agrupación sostienen que los pagos eran solicitados bajo la advertencia de enfrentar obstáculos para la operación de sus establecimientos, entre ellos posibles problemas con hologramas, formas valoradas o incluso clausuras. Según su versión, las presuntas presiones habrían afectado a los 135 concesionarios de verificentros que operan en Veracruz.

Las acusaciones, sin embargo, corresponden a la versión de los denunciantes y deberán ser investigadas y determinadas por las autoridades competentes. Los concesionarios también afirmaron contar con más elementos que podrían ser incorporados a la investigación, entre ellos capturas de pantalla, registros de llamadas y mensajes de texto.

La agrupación señaló que esperará una respuesta de las autoridades estatales y la determinación de posibles responsabilidades administrativas. En caso de no obtener una resolución o garantías para continuar con sus actividades, adelantaron que acudirán ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar formalmente las pruebas y solicitar que los hechos sean investigados por la vía penal.

Los inconformes señalaron que su intención es que se esclarezcan las acusaciones y, en su caso, se deslinden responsabilidades individuales.