Por pandemia, aumentará hambruna, inseguridad alimentaria y malnutrición

El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que el impacto de la pandemia de COVID-19 permite predecir un aumento significativo del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en los próximos años, en países de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020, el hambre se incrementará en la región como consecuencia de la falta de acceso a alimentos derivada de la pérdida de empleos e ingresos de una parte importante de la población, así como por el cierre total o parcial de escuelas que muchas veces proveen una parte fundamental de la alimentación a niños y niñas.

El aislamiento, producto del combate al COVID-19, ha generado una importante crisis en la economía y las estimaciones a escala mundial para el resto del año han anticipado una contracción económica próxima al 5%; mientras que el decrecimiento previsto para América Latina y el Caribe supera el 9%. A su vez, la tasa de desocupación a nivel regional podría superar el 13.5%, es decir, a la población desocupada actual se sumarían 18 millones de personas, indica.



“Cabe destacar además que, en la región, antes de la pandemia uno de cada dos empleos era informal. Es decir, gran parte de la población no cuenta con seguridad social y depende principalmente de sus ahorros para sobrellevar una crisis de esta magnitud. Igualmente, las restricciones de movilidad y la caída del consumo impiden a muchas personas generar ingresos”, dicta el documento.

El informe recuerda que, de una u otra forma, los hogares están sufriendo una merma de sus ingresos; por lo que se estima que, como consecuencia de la pandemia, la pobreza afectaraÌ� a 45.5 millones de personas más en la región, de ellos, se ubicarán en un nivel de pobreza extrema más de la mitad, es decir 28.5 millones de personas. Esto implica que la pobreza llegaría a afectar al 37% de la población y la pobreza extrema alcanzaría un 15.5%, la mayor tasa de los últimos 19 años.

“De todas formas, aún no se dispone de suficientes estimaciones de representatividad a nivel nacional que permitan precisar la magnitud del impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Asimismo, la pandemia sigue sin remitir y es de esperar que sus efectos sobre la seguridad alimentaria y la nutrición puedan seguir intensificándose”, agrega.



El informe explica que, con base en las proyecciones de decrecimiento del producto interno bruto (PIB) del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Estado de Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, el hambre podría crecer a escala mundial, sumando a entre 83 y 132 millones de personas, alcanzando los 828 millones de afectados.

El problema es que el análisis utiliza proyecciones del FMI que ya han sido actualizadas y no incluye el impacto completo que la recesión económica podría tener, ya que sólo considera los efectos sobre la disponibilidad de alimentos en los países importadores netos de alimentos y no tiene en cuenta las posibles consecuencias sobre la desigualdad en el acceso a alimentos dentro de los países y, por tanto, subestima el posible impacto de la pandemia actual, refiere el estudio.

“Es evidente que el panorama anterior, junto con la disrupción de las cadenas de abastecimiento y el aumento de los precios de algunos alimentos, pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional, en especial de los hogares más pobres y vulnerables. En primera instancia, se afectaría la calidad de su dieta, que estaría formada por alimentos de menor costo, que son menos saludables y nutritivos. En los casos más extremos, se reduciría la cantidad de alimentos a los que podrían acceder estos hogares”.



Para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria, FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF proponen reforzar el ingreso básico de emergencia con un bono contra el hambre; fortalecer los programas de alimentación escolar; así como apoyar con subsidios monetarios o donaciones de alimentos provenientes de las empresas y los gobiernos a las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, para que todas las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas sin interrupciones, es necesario otorgar un apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) a las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar; ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción, el transporte y los mercados mayoristas y minoristas; expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo y asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y los pescadores artesanales.

“Para que los países cuenten con alimentos suficientes para garantizar su abasto a precios razonables, se debe establecer o mantener mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario, abarcando la producción, el abastecimiento, la distribución y el acceso a alimentos; impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias cierren o disminuyan sus operaciones y continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos”.



Por otra parte, el Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020 indica que el año pasado más de 190 millones de personas enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o grave. Es decir, 1 de cada 3 habitantes de los países de la zona, no tenía acceso a alimentos nutritivos y suficientes por falta de recursos económicos o de otro tipo. “Esta realidad puede afectar a la calidad de la alimentación y los hábitos alimentarios; y presentar consecuencias negativas para la nutrición, la salud y el bienestar”.

Por último, la nueva edición del estudio confirma que el sobrepeso infantil en la región sigue aumentando, situándose en 2019 en el 7.5%, cifra que se encuentra por encima del promedio mundial, que es de 5.6%. De hecho, el sobrepeso y la obesidad aumentaron en todos los grupos de edad, mientras que en todos los países el sobrepeso en las mujeres es mayor que en los hombres.

“El costo económico y social de la doble carga de la malnutrición y muy especialmente, del sobrepeso y la obesidad se incrementa en la región, con un 75% de las muertes causadas por enfermedades no transmisibles asociadas, en gran medida, a una alimentación no saludable”.



Entre los datos positivos que presenta el informe, se señala el descenso en la región en el retraso de crecimiento infantil en las niñas y niños menores de 5 años, mientras que la desnutrición crónica se redujo de 22.7% en 1990 a 9% en 2019, un porcentaje inferior al promedio mundial de 21.3%.

Trabajo realizado con el apoyo de:Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund