La sobrepoblación en las cárceles de Veracruz llevó al Gobierno estatal a plantear la construcción de un nuevo centro penitenciario con capacidad aproximada para 2 mil 400 personas privadas de la libertad, un proyecto que la gobernadora Rocío Nahle García prevé iniciar en 2027 y que podría ubicarse en Medellín de Bravo, donde existe un terreno propiedad del Gobierno.
Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió deficiencias en el sistema penitenciario veracruzano, entre ellas autogobierno, extorsiones y sobornos en el norte del Estado, además de problemas de atención médica, falta de custodios y hacinamiento en varios CERESOS.
Al ser cuestionada sobre los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, la mandataria sostuvo que existe gobernabilidad y seguridad en las cárceles del estado. Aseguró que se incrementó el número de custodios y que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realiza revisiones periódicas en los centros penitenciarios. “En todos hay gobernanza y hay seguridad en todos”, afirmó.
Nahle señaló que el Secretario de Seguridad Pública, le informa sobre los operativos y añadió que las autoridades estatales y federales recurren al traslado de personas privadas de la libertad cuando se presentan casos de agresores.
Sobre la nueva cárcel, la Gobernadora indicó que comenzó a trabajar en la propuesta entre enero y febrero de este año. Explicó que planteó al secretario de la Defensa Nacional que la construcción estuviera a cargo del cuerpo de ingenieros del Ejército.
De acuerdo con su declaración, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Presidencia solicitaron 3 propuestas de terrenos para evaluar las posibilidades de construcción. Medellín de Bravo figura entre las opciones debido a que el Gobierno dispone de un predio en ese municipio. “Yo necesito hacer algo porque sí, los penales están llenos”, expresó.
La mandataria manifestó que espera comenzar el proyecto en 2027 y mencionó una capacidad aproximada de 2 mil 400 internos. No obstante, no definió si el nuevo centro penitenciario sería administrado por el Gobierno estatal o por la Federación.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, presentado por la CNDH el 7 de octubre de 2026, otorgó a la entidad una calificación general de 5.38 puntos. De los 18 centros revisados, 14 obtuvieron menos de 6.
Entre los problemas identificados por el organismo se encuentran deficiencias en los servicios de salud y falta de personal de seguridad y custodia en los 18 centros evaluados. Además, se reportó sobrepoblación en 11 y hacinamiento en 12.
El diagnóstico también registró actividades ilícitas y deficiencias en alimentación, atención médica e higiene, así como falta de capacitación del personal y problemas en la separación entre personas procesadas y sentenciadas.
Durante la presentación del informe, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, llamó a combatir la sobrepoblación y el hacinamiento, mejorar la alimentación y garantizar condiciones dignas de estancia para las personas privadas de la libertad. También planteó la necesidad de contratar más personal de seguridad y especialistas para atender a la población penitenciaria.
El Gobierno de Veracruz sostiene que mantiene el control de sus cárceles y anunció la propuesta de construir el nuevo penal, lo que se encuentra en fase de planeación.