Por remociones ilegales, Congreso ocasionó daño patrimonial millonario al Poder Judicial

El actuar arbitrario del Congreso del Estado al remover ilegalmente a 2 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado ha ocasionado un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado que asciende a más de 8 millones de pesos. Sin embargo, no se han fincado responsabilidades resarcitorias a quienes dañaron a la Hacienda Pública estatal.

Cabe recordar que el 7 de julio de 2020, el Congreso del Estado removió de sus cargos a los magistrados Roberto Dorantes Romero y Gladys Pérez Maldonado. Sin embargo, ambas destituciones fueron calificadas por el Poder Judicial de la Federación de ilegales y arbitrarias, ordenando su restitución a través de los Juicios de Amparo 402/2019 y 433/2020, respectivamente.

Dentro de los juicios de amparo ganados por Dorantes Romero y Pérez Maldonado, también se ordenó al Poder Judicial del Estado pagarles los salarios dejados de percibir a partir de su remoción ilegal hasta la fecha de su restitución en el cargo.



En ese sentido, Roberto Dorantes Romero fue restituido en su cargo como magistrado el 10 de enero de 2022, después de que un Juez Federal impusiera una multa e iniciara un procedimiento de destitución en contra de las entonces Presidentas del Poder Legislativo, Adriana Linares Capitanachi; y del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, quienes se negaban a acatar el fallo federal. Es decir, el Poder Judicial del Estado tuvo que pagar 18 meses de salario no percibido a Dorantes Romero, con motivo de su ilegal destitución.

Por su parte, Gladys Pérez Maldonado fue restituida como magistrada hasta el pasado 2 de agosto de 2023, luego de que la actual Presidenta del Poder Judicial del Estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre fuera multada por un Juez Federal, pues también se negaba a dar cumplimiento a la sentencia que ordenaba la restitución de Pérez Maldonado. En total, a Gladys Maldonado Pérez deberán pagarle los 37 meses de salarios no percibidos durante el tiempo en que fue separada arbitrariamente de su cargo.

Al momento de ser separados del cargo, los magistrados percibían, mensualmente, un salario mensual bruto de 100 mil 485 pesos, más una compensación mensual garantizada de 51 mil 142 pesos, es decir, un salario integrado de 151 mil 627 pesos mensuales.



Es decir, como consecuencia del actuar ilegal del Congreso de Veracruz, el Poder Judicial del Estado ha tenido que erogar, al menos, 2 millones 720 mil 556 pesos en el pago de salarios caídos a Roberto Dorantes Romero (18 meses); así como 5 millones 592 mil 254 pesos en el pago de salarios no percibidos por Gladys Pérez Maldonado (37 meses). Sin embargo, el monto final sería mayor, pues no se incluye el pago de aguinaldos y otras prestaciones que reciben los magistrados estatales, por ejemplo, la gratificación extraordinaria semestral y el bono anual de despensa.

Así las cosas, actos del Congreso del Estado que han sido calificados de ilegales en sentencias firmes han ocasionado un daño a la Hacienda Pública Estatal que asciende, al menos, a 8 millones 312 mil 810 pesos, pues estos recursos podrían haberse destinado a la mejora de la administración de justicia en el Estado de Veracruz y, en su lugar, se aplicó a indemnizar a quienes fueron objeto de actos arbitrarios.

Sin embargo, a la fecha, ninguna de las instancias competentes para fincar una responsabilidad resarcitoria a quienes ocasionaron dicho daño patrimonial, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ni la Contraloría del Poder Judicial del Estado, han iniciado un procedimiento administrativo.