Por tardado sistema de justicia, exduartistas inhabilitados podrían buscar candidaturas

Incluso exfuncionarios del Gobierno de Javier Duarte que fueron inhabilitados por faltas administrativas podrían buscar una candidatura mientras esas sanciones no queden firmes, debido a que fueron impugnadas y siguen pendientes de resolución en tribunales federales, señaló la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez.

La magistrada explicó que algunos procedimientos fueron resueltos por el Tribunal desde 2023, pero los recursos promovidos por los sancionados apenas están siendo resueltos tres años después. “Tenemos, por ejemplo, procedimientos de inhabilitaciones de la administración de Duarte que son procedimientos que sacamos en 2023 y nos están llegando los amparos apenas en 2026”, dijo.

Mientras esos recursos sigan en trámite, explicó, las sanciones no pueden considerarse definitivas. Por ello, quienes se encuentren en esa situación no tendrían, por esa inhabilitación, un impedimento derivado de una resolución firme para contender por una candidatura. Aguilar Jiménez señaló que prácticamente todas las sanciones dictadas por el TRIJAEV son recurridas, por lo que su cumplimiento puede demorarse hasta que concluyan los juicios de amparo. “Casi todo se recurre, si no es que todo. La verdad, yo creo que no hay nadie que no recurra una resolución que dictemos nosotros en el Tribunal”, expresó.



Inhabilitaciones quedan en Tribunales

Tras participar en la guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, en Xalapa, la presidenta del TRIJAEV indicó que parte de la demora se encuentra en los tribunales colegiados, que deben resolver las impugnaciones. A esos tiempos, agregó, se sumaron los cambios provocados por la reforma judicial, entre ellos la renovación de magistraturas, lo que retrasó asuntos que ya estaban en trámite. “Eso ya depende de un colegiado y ya ve que se vino toda la reforma judicial, cambian las magistraturas y demás. Apenas nos están llegando de 2023”, señaló.

Por esa razón, dijo, el Tribunal no puede afirmar que las sanciones dictadas recientemente ya hayan quedado firmes. “Sería osado que yo le diga que de este año ya hay algo firme porque no es así”, sostuvo.



La magistrada indicó que el rezago incluye expedientes de administraciones anteriores y asuntos relacionados con cuentas públicas de 2015 y 2016, por lo que algunos procedimientos llevan cerca de una década sin concluir de manera definitiva. Explicó que las faltas administrativas graves pueden derivar en inhabilitaciones de entre 10 y 20 años. En varios casos, dijo, se ha impuesto la sanción mínima de una década.

Aguilar Jiménez precisó que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal. El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), explicó, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía y, al mismo tiempo, remitir un procedimiento al Tribunal para que determine una sanción administrativa.

“Muchas veces, a la par, hay procedimientos que el ORFIS manda tanto en una denuncia para la Fiscalía y otros también al Tribunal para que imponga sanción por responsabilidad administrativa”, señaló.
Añadió que el TRIJAEV todavía resuelve asuntos del anterior sistema de responsabilidades, en el que la Contraloría imponía sanciones que después podían ser combatidas ante el Tribunal.

En los casos donde las sanciones económicas ya quedaron firmes, agregó, los montos se convierten en créditos fiscales y corresponde a las autoridades hacendarias realizar el cobro.

Aguilar Jiménez indicó que ya existen asuntos en los que fueron negados amparos y las autoridades fueron notificadas para continuar con la recuperación de los recursos. Los montos, dijo, van desde alrededor de 3 millones hasta cerca de 100 millones de pesos en algunos casos