Portilla Vásquez, sin temor a que actual legislatura lo destituya de su cargo en el ORFIS

El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, dijo estar tranquilo ante las voces de diputados locales que manifiestan la necesidad de evaluar el desempeño del ente fiscalizador.

Entrevistado en el Palacio Legislativo, afirmó que en el ORFIS se trabaja para que la fiscalización en Veracruz sea confiable, oportuna y eficaz.

Afirmó que está en la mejor disposición de instalar formalmente la Comisión Permanente de Vigilancia, de platicar con las diputadas y diputados que la integran respecto al trabajo que se realiza.



Por otra parte, el auditor general manifestó que hasta el momento se han presentado dos denuncias penales por el caso de las empresas “fantasma” creadas para desviar recursos públicos por más de mil 400 millones de pesos.

Detalló que una denuncia se presentó en agosto de este año por 940 millones 234 mil 326.70 pesos en contra de funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Educación de Veracruz, así como en contra de empresas no localizadas que son investigadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Y la segunda, apenas se presentó este jueves en contra de la Secretaría de Desarrollo Social por un presunto daño patrimonial de 431 millones 431 mil 445.36 pesos.



Este segunda denuncia, dijo, corresponde al Ejercicio Fiscal 2015, pero falta la revisión de la Cuenta Pública 2016.

En torno a la posibilidad de que el Congreso del Estado realice auditorías a cuentas públicas ya dictaminadas y aprobadas, Portilla Vásquez, expuso que se trata de un tema que se habrá de analizar en la Comisión Permanente de Vigilancia.

“Son temas de tipo legal que se deben atender y discutir y en un momento llegar a un acuerdo”, dijo.



Asimismo, afirmó que los temas de la deuda pública de Veracruz están publicados en la página web del ORFIS, incluso, hay un informe especial que se elaboró en el mes de junio del 2015, ya que todos los entes fiscalizadores del país estaban obligados a realizar una auditoría a todo lo que es la deuda.

No obstante, dijo estar en la mejor disposición de atender los requerimientos de la Comisión Permanente de Vigilancia.