El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, a través de su secretaria de Agendas, Myriam Lagunes Marín, exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desistirse de la acción de inconstitucionalidad que presentó en contra de la "3 de 3 contra la violencia de género", que impide a deudores alimentarios, agresores sexuales y violentadores de mujeres, poder postularse a cargos de elección popular.
En conferencia de prensa, indicó que con ello la instancia defensora del pueblo mexicano busca proteger a quienes han incurrido en estos delitos y no a las víctimas, al tiempo que se contraviene lo establecido en la Constitución y la Ley, de que para poder ser candidato se debe demostrar el "modo honesto de vivir".
Y es que la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revierta la reforma aprobada por el Congreso de Yucatán que castiga las violencias que afrontan las mujeres, entre ellos el abandono económico de los hijos, dejando a quienes incurran en ello sin la posibilidad de contender en procesos electorales.
"La CNDH está argumentando que se violan los derechos de los agresores, siendo que quienes ejerzan los derechos político electorales tendría que ser para gente que cumple con sus obligaciones civiles y esto no se está garantizando. Están privilegiando el derecho de los agresores por encima del de la primera infancia", acusó.
Lagunes Marín destacó que esta normativa, a diferencia de otras que según ella se han aprobado "a modo", afecta a todas las personas que haya cometido esos delitos o faltas, sin importar el partido político en el que militen.
"Es para quien sea, del partido que sea, que haya agredido a una mujer o la violencia económica por definición, hace que la vida de la propia víctima corra peligro. Estamos hablando de hombres que están poniendo en riesgo la vida de sus hijos y éstas son las personas que está defendiendo el actual Gobierno", criticó la integrante del Comité Directivo Estatal del PRD.
Además, cuestionó que se quiera declarar inconstitucional una Ley en un momento en el que los feminicidios, las muertes, agresiones y desapariciones de mujeres van en aumento en el país.
"En Guerrero esta persona (Félix Salgado Macedonio) no pudo ser candidato (en 2021 a la Gubernatura), por múltiples acusaciones de violencia sexual, pero pusieron a una mujer, que muy probablemente sea una extensión de lo que el poder patriarcal ha hecho en todos los niveles de Gobierno", aseveró.
Por ello sostuvo que con la decisión de Piedra Ibarra se demostraría que se sigue perpetuando el uso de las instituciones gubernamentales para seguir ejerciendo violencia de género.
"Lo que estamos viendo es inaudito, la propia CNDH arrodillada y al servicio de victimarios que a todas luces de jactan de la impunidad con la que delinquen", cuestionó una vez más.