En contra de 12 ayuntamientos y 1 ente estatal, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó 38 denuncias penales por daño patrimonial no comprobado de las Cuentas Públicas 2019, 2020 y 2022.
Cabe destacar que se presentó la primera denuncia penal en contra de la 4T por la Cuenta Pública 2019, que corresponde al primer año de ejercicio del actual Gobierno del Estado. La denuncia es en contra del Fideicomiso Expover por un daño patrimonial de 21 millones 550 mil 675.59 pesos.
En la fiscalización de la referida Cuenta, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial de 17 millones 572 mil 276.67, motivado por irregularidades en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), sin embargo, durante el proceso de seguimiento el monto del probable daño se incrementó y no se pudo comprobar.
También se presentó la primera denuncia penal por el primer año de ejercicio constitucional de las actuales administraciones municipales; el Ayuntamiento denunciado es Jamapa, por un daño patrimonial no cuantificable.
La Dirección Jurídica del ORFIS presentó las denuncias este miércoles 24 de mayo en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con el informe del ORFIS, por la Cuenta Pública 2019 fueron 16 denuncias, por la Cuenta Pública 2020 se presentaron 21 querellas, y 1 por la Cuenta Pública 2022.
Por el ejercicio fiscal 2019 Altotonga acumuló un expediente de 12 denuncias; el Ayuntamiento de Mecatlán tiene 3 denuncias y 1 en contra del Fideicomiso Expover.
Por la Cuenta Pública 2020 se presentaron 3 denuncias en contra del Ayuntamiento de Zacualpan; 3 denuncias en contra de Rafael Lucio; 4 denuncias contra Mecatlán; 3 contra Naranjos-Amatlán y 1 denuncia en contra de Ilamatlán, Tequila, Platón Sánchez y Texistepec.
Por la Cuenta Pública 2022 fue denunciada la actual administración municipal de Jamapa. Hasta el momento, por la Cuenta Pública 2021 no se ha presentado ninguna denuncia penal.
El ORFIS reiteró que las denuncias se presentaron en contra de quien o quienes resulten responsables, por lo que determinar en contra de quien o quienes se ejerce acción penal corresponde al Ministerio Público.