Presidenta de TRIFE advierte por falta de recursos en órganos electorales de Veracruz

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis, aseveró que no se puede hablar de autonomía plena si los órganos electorales carecen del presupuesto adecuado para ejercer sus funciones.

Al respecto, recordó que en Veracruz los magistrados del Tribunal Electoral local, al igual que otros del país, padecen un problema serio en ese sentido.

Cabe recordar que el TEV solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) un monto de 160 millones de pesos para este 2018, sin embargo, el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, con el aval del Congreso, redujo dicho monto a 94 millones 600 mil pesos.



“En las entidades federativas (lo magistrados) se enfrentan a un muy serio problema de presupuesto y reitero lo ya dicho: sin un presupuesto digno no podemos hablar de autonomía plena de los órganos impartidores de justicia electoral.

“Fueron ustedes (en el TEV) los primeros que vinieron a impugnar justamente estas deficiencias, pero son múltiples las entidades en las que hemos tenido que resolver y ordenar que se haga todo lo posible”.

Al respecto, subrayó que la Judicatura federal tiene que intervenir en el asunto y por su parte ha hablado con el magistrado César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, para garantizar la imparcialidad en los procesos.



De esta manera insistió en que tanto el Congreso federal como en las Legislaturas locales tienen que dotar a los tribunales electorales de un porcentaje del presupuesto estatal que sea fijo.

“Un presupuesto que sea dado en años de elección, que tiene que ser mayor, y otro más bajo en años en los que no hay elecciones, que por ende la carga de trabajo disminuye; no se trata de vivir abusivamente del presupuesto”, planteó.

Sostuvo que en Veracruz existirá un proceso electoral complejo, con elección de gobernador del Estado y 50 diputados locales, 30 por mayoría relativa, lo que implica mayores impugnaciones, incluyendo las 20 diputaciones por representación proporcional.



Durante su ponencia “Los retos del TEPJF en el proceso electoral 2017-2018” destacó que tanto salas regionales y Sala Superior del TEPJF tendrán la mayor carga de trabajo que puedan esperar.

“En el ámbito federal vamos a tener la mayor carga de trabajo 10 días después de la elección porque vendrán directamente todas las impugnaciones de diputados federales de mayoría relativa, senadores, que se van a las salas regionales y estas salas deberán de resolver desde las solicitudes de recuento hasta las peticiones de nulidad.

“Los juicios llegarán el 10 o 12 de julio y las Salas Regionales deberán de resolver el 3 de agosto, poco menos de 4 semanas de cantidades de juicios impresionantes, ya que este año tendremos más candidatos independientes, lo que generará una mayor complejidad a la que se habrá de darle frente con los recursos que tenemos”, vaticinó.



Refirió que algunas resoluciones pueden ser impugnadas directamente ante la Sala Superior, de ahí recibirán recursos a partir del 13 de agosto y tendrán que resolverlos antes del 30 de agosto.

“Cuando tenemos 4 días para revisar un expediente, dictar una sentencia y requerir en su caso y con premura dar una sentencia que se sostenga por sí misma y pueda ser entendida, es una carga que ninguna otra justicia tiene en cuanto a plazos de resolución.

“A la Sala Superior también llegarán las impugnaciones a los cómputos de la elección presidencial. En el 2012 fueron aproximadamente 380 juicios que llegaron a la Sala Superior, en esta ocasión tendremos unas 5 semanas para resolver todos estos juicios”.



La magistrada presidenta indicó que a su vez deberán de decidir sobre los errores de cómputo que pueden ser corregidos, así como anulación de casillas.

Sobre Veracruz advirtió que las candidaturas independientes apenas se están consolidando, no obstante, pese a la implementación de nuevas tecnologías se siguen presentando irregularidades al pedir el apoyo de los ciudadanos, lo que tiene que ser revisado.