Presuntas víctimas de despojo siguen en guerra con abogado Roly Domínguez

Afectados por presuntos despojos de propiedades en Xalapa acudieron hasta el domicilio ubicado en la avenida Roma número 25 del fraccionamiento Monte Magno, dirección que aparece en diversos juicios como lugar para notificar al abogado Roly Domínguez Romero, a quien los inconformes señalan como presunto líder de un denominado “cártel inmobiliario”.

Con pancartas y mensajes de protesta, los afectados llegaron al inmueble con la exigencia de que les devuelvan las propiedades de las que fueron despojados mediante procedimientos que consideran irregulares. En uno de los mensajes exhibidos durante la protesta se acusa a Domínguez Romero de “corrupción”, “abuso de poder” y de aprovecharse de la población, además de exigir el fin de la impunidad.

Los manifestantes sostienen que el domicilio de la avenida Roma número 25 forma parte de la información asentada en los expedientes judiciales relacionados con los casos, por lo que decidieron acudir directamente al lugar para hacer pública su inconformidad y reclamar la restitución de sus bienes.

Los vecinos señalaron que tiene aproximadamente un mes que no ven a la familia que vivía en esa ubicación, incluso, es el mismo tiempo que está abandonada una camioneta blanca afuera del domicilio. El conflicto se relaciona con denuncias de despojos inmobiliarios que han generado controversia en Xalapa y la región, particularmente entre personas que fueron afectadas en sus propiedades y que buscan recuperar sus bienes a través de procedimientos legales.

Durante la protesta, los inconformes hicieron visible su reclamo mediante una lona de gran tamaño en la que aparece el nombre de Roly Domínguez Romero y se le señala directamente como responsable de diversas conductas. Al abogado Roly Domínguez Romero, lo acusan los afectados de encabezar un “cártel inmobiliario” y están a la espera de que las autoridades giren órdenes de aprehensión en su contra.

Los afectados demandaron que sus casos sean atendidos y que las autoridades actúen para esclarecer las operaciones y procedimientos. “Aquí hay personas que han sido afectados por ese bandolero, en complicidad con jueces, magistrados, fiscales y hasta la propia policía que utiliza para realizar los desalojos”; expresaron al agregar que hay un gran número de denuncias en su contra pero la Fiscalía, “misteriosamente”, no actúa.

Entre las complicidades, señalaron que los jueces Leopoldo Toss Capistrán y Dania Iveth Arenas Pérez son quienes determinaban todo a favor y giraban las órdenes de desalojo, por lo que exigen a las autoridades que también sean investigados y puestos ante la Ley. El principal reclamo es recuperar aquello que, afirman, les pertenece y que les fue arrebatado mediante mecanismos que consideran ilegales.