Presunto daño patrimonial de Ayuntamientos podría ser menor, aclara ORFIS

El presunto daño patrimonial por 3 mil 23 millones 507 mil 936.86 pesos detectado en la Cuenta Pública 2021 de los 212 Ayuntamientos de Veracruz, pudiera disminuir en un 35% o más durante el proceso de investigación y sustanciación.

Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), reconoció que el motivo de que haya un millonario presunto daño patrimonial en el último año de los Ayuntamientos del cuatrienio 2018-2021, se debe principalmente a los altos costos en las actas certificadas, al cambio de las administraciones municipales, a diferencias entre ediles salientes y entrantes y hasta el retraso en las validaciones por parte de dependencias federales y estatales.

Recordó que esa situación fue alertada en su momento por el mismo ente fiscalizador y se vaticinó un señalamiento de daño patrimonial “mucho más alto del que se esperaba”.

El presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública Municipal 2021 se triplicó con relación al ejercicio fiscal 2020, en donde el monto observado fue de mil 703 millones 956 mil 278.42 pesos.

La auditora explicó que cada documento solicitado por los auditores tiene que estar debidamente certificado, de lo contrario, no se acepta como valido y genera un señalamiento de presunto daño patrimonial, sobre todo porque la misma Ley así lo señala.

“No se contó con la documentación completa, idónea y suficiente para solventar las observaciones, lo que ha generado un resultado como el que tenemos”.

Expuso que al menos el 75% de los exservidores públicos no pudo entregar la documentación certificada que solventa las observaciones, porque las administraciones municipales actuales se negaron a documentos y firmarlos.

En conferencia de prensa, dijo que el ORFIS está imposibilitado para actuar en consecuencia, pero corresponde a las ex autoridades municipales proceder y denunciar por incumplimiento de un deber legal a los alcaldes que se negaron a certificar documentación.

Asimismo, agregó por cada copia certificada se pagan 100 pesos y en ese sentido, manifestó que un expresidente municipal tenía que fotocopiar 7 mil documentos y debía pagar 700 mil pesos, cantidad que es considerable, sobre todo para un exservidore público.

González Cobos sostuvo que otro elemento que incidió en el alto monto de presunto daño patrimonial en los Ayuntamientos es que, dependencias como la Comisión de Agua de Veracruz (CAEV), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no entregaron a tiempo las validaciones de obras, y en otros casos, los exservidores públicos no regresaron a recogerlas.

No obstante, si el Pleno de Diputados valida y aprueba la Cuenta Pública 2021, el ORFIS iniciará la etapa de investigación en donde se dará seguimiento al problema de la falta de documentación, “todo dependerá de la instrucción que dé el Congreso”.