PRI Veracruz denuncia delincuencia organizada en 18 dependencias del gobierno estatal

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, aseguró que han descubierto desvíos de recursos y señales de presunta delincuencia organizada en 18 dependencias de Gobierno.

“Hay servidores públicos, hay personas físicas y hay personas morales que están interviniendo en esta práctica que forman parte de todo el Gobierno del Estado”, comentó.

Refirió que de acuerdo con documentos públicos han identificado adjudicaciones dirigidas a empresas de nueva creación y a personas físicas.

Aunque señaló que son varias las dependencias en las que supuestamente han detectado estas prácticas, Ramírez Marín destacó el caso de la Secretaría de Salud de Veracruz, de los cuales afirmó que han hecho hallazgos de desvíos por mil 593 millones de pesos.

“Le prestan servicios o presuntamente le dan servicios u obtienen contratos de parte de la Secretaría de Salud familiares, empleados de la dependencia y beneficiarios de programas sociales”, dijo.

Sostuvo que son 50 empresas que fueron creadas de 2019 y hasta el 2022 para llevar a cabo estos desvíos, “eso se llama colusión, que es una práctica en la que las empresas compiten entre sí para tener un beneficio mutuo y esta práctica la vamos a acreditar con documentos públicos que han sido obtenidos de los portales de transparencia y que muchos de ellos nos fueron confiados por el difunto Secretario de Salud”, añadió.

Detalló que fueron 160 contratos del 2019 al 2022 que ascienden a mil 87 millones de pesos, de los cuales 94 contratos fueron adjudicados de forma directa por una cifra de 315.3 millones de pesos y 66 fueron por invitación, por 771.8 millones de pesos, esto en cuanto a las personas morales.

Asimismo, indicó que 190 personas físicas han recibido contratos por parte de SESVER por un monto de 506 millones de pesos. Señaló que de estas personas 44 son beneficiarias de programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Estos beneficiarios han tenido asignaciones por el orden de 122 millones de pesos. Empleados del Gobierno Estatal también recibieron contratos durante su gestión como servidores públicos o como empleados del Gobierno y como contratistas de la administración”, aseveró Ramírez Marín.

Indicó que 12 de estos casos se han detectado en la Secretaría, entre ellos el de la empleada Bety Torres Hernández, de 23 años de edad, a quien –dijo– le asignaron un contrato por un millón 92 mil pesos. También Misael Carmona Medina, de 24 años de edad, que siendo beneficiario del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” le dieron un contrato por casi 23 millones de pesos.

El dirigente priista reiteró que estos datos se encuentran en los portales de transparencia.

Afirmó también que dicha Secretaría entregó durante la pandemia a personas físicas la responsabilidad de darle mantenimiento a todos los aparatos de los nosocomios en Veracruz durante la pandemia, esto por un monto de 136 millones de pesos.

Marlon Ramírez señaló que en estas presuntas anomalías están involucradas la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la Secretaria de Salud (SS) y la Contraloría General del Estado (CGE).

“La Subsecretaría de administración y Finanzas y la Dirección de Administración tienen la responsabilidad de registrar a los proveedores y tienen que saber si tienen la capacidad suficiente, porque ellos son los que dispersan el dinero, lo radican a las dependencias y son las ejecutoras del gasto”, comentó.

En este sentido, afirmó que el exsecretario Gerardo Díaz Morales en su momento le ofreció que de manera conjunta acudieran a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de General de la República para hacer del conocimiento dichas prácticas.

Por ello responsabilizó de permitir estas acciones al área administrativa de la SESVER, pues comentó que no tiene ninguna observación de la Contraloría General.

En este sentido, instó a la encargada de despacho de la dependencia a revisar esta situación, pues dijo que quienes tienen que comparecer a dar respuesta al Congreso del Estado de las prácticas que hacen son los titulares de las unidades administrativas.

Por último, informó que ya han acudido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de manera formal para señalar esta práctica reiterada y añadió que actualmente están recopilando pruebas para hacer las denuncias correspondientes. Además, de que en próximas ocasiones revelarán datos de las otras dependencias de Gobierno en que encontraron las mismas prácticas.