Programa Veracruzano de Seguridad Pública busca recuperar confianza ciudadana

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2023, 96.3 por ciento de los delitos en Veracruz no fueron denunciados ni generaron una carpeta de investigación. Y aunque entre 2019 y 2021 esta cifra disminuyó, sufrió un ligero aumento en 2023.

Entre las principales razones para no denunciar se consideran distintos factores relacionados con la autoridad (43.7 por ciento), como miedo a extorsión, pérdida de tiempo, trámites complicados, desconfianza y trato hostil.

Además, 56.3 por ciento de las víctimas señaló el miedo al agresor como motivo principal para no denunciar, reflejando con ello el impacto de las represalias y la vulnerabilidad de las víctimas.



En el año que se menciona, 11 municipios del Estado de Veracruz aportan 50.10 por ciento a la incidencia total en el Estado: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Boca del Río, Poza Rica, Orizaba, Tuxpan, San Andrés Tuxtla y Minatitlán.

En el Programa Veracruzano de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2025-2030, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz señala que la desconfianza en las instituciones de seguridad, la percepción de inseguridad y la falta de denuncias reflejan la experiencia negativa de la ciudadanía, alimentada por la corrupción, la impunidad y la ineficacia en la resolución de delitos.

En ese sentido, resultará crucial abordar estas causas con un enfoque integral que priorice la transparencia institucional, la mejora en la atención y proximidad ciudadana, a fin de no sólo generar una sólida estrategia de prevención del delito sino la recuperación de la confianza pública.



La SSP desarrolla diversas categorías programáticas orientadas a garantizar la seguridad integral y la protección de las personas que residen o transitan en la entidad, atendiendo de manera específica las problemáticas detectadas en materia de seguridad, justicia, movilidad y fortalecimiento institucional.

Estas políticas públicas, articuladas con los ejes del Programa Sectorial y alineados a las nacionales en la materia, buscan prevenir, combatir y reducir la incidencia delictiva, fortalecer el respeto a los derechos humanos, mejorar la infraestructura y capacidades operativas, así como optimizar la atención a la ciudadanía.