Propone diputada Montserrat Ortega tipificar la sumisión química como delito

La diputada Montserrat Ortega, del grupo legislativo “Veracruz nos Une”, propuso reformar el Código Penal estatal para incorporar la sumisión química como delito y establecer sanciones y protocolos de atención inmediata en casos donde se administren sustancias a una persona sin su consentimiento.

Durante su intervención en el Congreso local, expuso que la sumisión química se configura cuando se suministran sustancias psicoactivas, psicotrópicas o estupefacientes para alterar el estado de conciencia o anular la voluntad de la víctima, lo que facilita conductas como violación, abuso sexual o producción de material sexual con personas incapaces de resistir o recordar los hechos.

“La sumisión química no es un accidente, es una agresión, y es hora de que la ley lo reconozca como tal”, señaló.



Ortega afirmó que una de cada tres agresiones sexuales en el país está vinculada al uso de estas sustancias. Indicó que las víctimas, en su mayoría jóvenes que acuden a bares o centros nocturnos, presentan confusión, pérdida de memoria y desorientación, y despiertan horas después sin recordar lo ocurrido.

Mencionó que existen más de 50 sustancias con capacidad para provocar estos efectos, entre drogas, medicamentos y compuestos químicos que actúan sobre el sistema nervioso central.

“Cada día, mujeres y hombres son drogados sin saberlo; cuando despiertan no recuerdan qué pasó, pero sí viven las consecuencias físicas y emocionales”, expresó.



La legisladora también señaló la falta de protocolos en las fiscalías para realizar pruebas químicas de forma inmediata, lo que dificulta acreditar la agresión.

“A menudo se les dice que bebieron demasiado, pero cuando una mujer pierde la conciencia no hay consentimiento”, afirmó.

La iniciativa contempla la obligatoriedad de pruebas toxicológicas oportunas, capacitación al personal ministerial y criterios de actuación para establecimientos donde se hayan registrado estos hechos.



Además, pidió fortalecer la protección de las víctimas y asegurar que los responsables sean sancionados conforme a la ley.