Propone Edith Gómez poner orden con anexos de Veracruz; deberán llevar registros

Los centros de rehabilitación contra adicciones en Veracruz deberán contar con expedientes individuales, registrar la modalidad de ingreso de cada usuario, acreditar personal capacitado y sujetarse a inspecciones de autoridades estatales y federales, de aprobarse una iniciativa presentada ante el Congreso local.

La propuesta reforma disposiciones de la Ley de Salud y de la Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del Estado, con el fin de regular establecimientos públicos, sociales y privados dedicados a la prevención, tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones.

El planteamiento fue presentado por la diputada de MORENA, Naomi Edith Gómez Santos, durante la decimoctava sesión ordinaria de la LXVII Legislatura y turnado a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis. La iniciativa establece que esos centros deberán operar conforme a la Ley General de Salud y a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, que regula la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

También plantea que la atención se otorgue con criterios científicos, médicos y éticos, además de incorporar obligaciones para los establecimientos, como integrar un padrón actualizado de usuarios, abrir expedientes individuales y contar con personal en las áreas médica, psicológica, legal y nutricional. El proyecto incluye una prohibición expresa contra maltrato, golpes, amenazas, violencia, vejaciones o actos que vulneren la integridad física y psicológica de las personas internadas. Además, impide la incomunicación con familiares y la retención ilegal dentro de los centros.

Desde tribuna, Gómez Santos sostuvo que las adicciones deben tratarse desde la salud pública y no desde la persecución de quienes las padecen. “Las adicciones deben atenderse como un problema de salud pública y no desde la criminalización de quienes las padecen”, señaló.

“Con esto se busca consolidar un marco jurídico que garantice procesos de rehabilitación seguros, humanitarios y supervisados, privilegiando el respeto a los derechos humanos y el acompañamiento integral tanto para los pacientes como para sus familias”, agregó.

La iniciativa recibió la adhesión de los grupos legislativos de MORENA, PVEM y PAN, así como de las diputadas Elizabeth Morales García, del PT; Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI, y María Elena Córdova Molina, de MC. El dictamen aún deberá ser analizado en comisión antes de ser sometido, en su caso, a votación del Pleno.

Endurecen castigos por crímenes de odio

Por otra parte, el Congreso de Veracruz también aprobó una reforma al Código Penal estatal para considerar como agravante los delitos cometidos por odio o prejuicio discriminatorio relacionado con la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales de la víctima.

El dictamen fue aprobado por mayoría, con 38 votos a favor y 3 abstenciones, durante la sesión del Pleno de la LXVII Legislatura.

La reforma modifica artículos relacionados con homicidio, lesiones, violencia familiar y violencia en el ámbito educativo, además de sancionar conductas que busquen modificar, anular o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Con los cambios al Artículo 144 del Código Penal, el homicidio y las lesiones serán considerados calificados cuando se cometan por motivos de odio o prejuicio discriminatorio derivados del origen étnico o nacional, lengua, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales de la víctima.

El dictamen también reforma el Artículo 154 Bis, relativo a violencia familiar, para establecer penas de cuatro a siete años de prisión y multas de hasta 700 Unidades de Medida y Actualización cuando la víctima sea mujer, niña, niño, adolescente, persona mayor de 60 años o cuando el delito se cometa por odio o prejuicio discriminatorio.

En el Artículo 364, sobre violencia en el ámbito familiar, se fijan penas de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 200 UMAs para quien, dentro de una familia, ejerza conductas de subordinación, control o exclusión contra mujeres, niñas, adolescentes o cualquier integrante de la familia por razones de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Entre esas conductas se incluyó prohibir de manera injustificada el inicio o continuación de actividades escolares o laborales, imponer trabajo doméstico que subordine a la víctima, obligarla a ejercer una profesión u oficio o forzarla a establecer una relación de noviazgo, concubinato o matrimonio contra su voluntad.

La reforma también contempla sanciones para quien limite, prohíba o condicione el acceso a métodos de salud sexual y reproductiva, así como para quien induzca, convenza u obligue a una persona a recibir tratamientos, terapias o prácticas dirigidas a modificar, anular o reprimir su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En materia educativa, el Artículo 367 fue reformado para imponer de seis meses a tres años de prisión y multas de hasta 300 UMAs a quien obstaculice, condicione o excluya el acceso o permanencia de una persona en una escuela o centro educativo por motivos de odio o prejuicio discriminatorio.

La misma sanción aplicará cuando esas conductas provoquen daño en la autoestima, integridad física o psicológica de la víctima por las razones previstas en la reforma. El dictamen fue analizado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

La iniciativa fue presentada el 22 de julio de 2025 por las diputadas Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro. Durante la discusión, Sánchez Moguel, diputada de MORENA, sostuvo que las reformas buscan atender violencias que ocurren dentro de las familias, en escuelas y en espacios donde se pretende reprimir la orientación sexual de una persona.

La legisladora también se pronunció porque “ningún joven tenga que elegir entre su familia y la verdad”, porque “ninguna escuela enseñe que el amor tiene condiciones” y por eliminar “los consultorios que lucran con el dolor”. La diputada Tania María Cruz Mejía, del PVEM, anunció el respaldo de su bancada al dictamen y señaló que la reforma reconoce una violencia que muchas personas han enfrentado sin respuesta legal.