Propone Héctor Yunes fiscalía especializada que investigue torturas

Veracruz registró 109 denuncias por tortura entre enero y julio de este año, mientras el Registro Nacional del Delito de Tortura acumula 16 mil 727 expedientes en la entidad desde 2018. Ante esas cifras, el diputado independiente Héctor Yunes Landa propuso crear una fiscalía especializada para investigar este delito.

La iniciativa, presentada este jueves ante el Congreso local, plantea reformar el artículo 67, fracción I, de la Constitución estatal para incorporar a la Fiscalía General del Estado (FGE) una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura. El nuevo organismo tendría autonomía técnica y operativa para conocer, investigar y perseguir los delitos previstos en la Ley General en la materia.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las 109 denuncias registradas este año se distribuyeron en siete durante enero, 12 en febrero, 21 en marzo, 27 en abril, 15 en mayo, 22 en junio y cinco en julio. Al presentar la propuesta, Yunes Landa señaló que la incidencia no se limita a los casos registrados durante 2026 y citó información del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), correspondiente al fuero común entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de este año.



Según los datos expuestos por el legislador, en ese periodo fueron abiertos en Veracruz 16 mil 727 expedientes por tortura y 560 por tratos crueles. “Por cada expediente por tratos crueles e inhumanos abierto, se abren 29.9 expedientes por tortura”, señaló.

Investigaciones pendientes

Yunes Landa sostuvo que los registros reflejan investigaciones pendientes para las autoridades encargadas de procurar justicia. “Se traduce en miles de personas a quienes el Estado adeuda una investigación independiente, imparcial y eficaz, lo que lesiona el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación”, afirmó.



La iniciativa establece que la fiscalía especializada deberá contar con fiscales, policías, servicios periciales y personal técnico, además de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para realizar sus funciones. Quien encabece el organismo deberá cumplir los requisitos establecidos para ocupar la Fiscalía General del Estado, además de los previstos en la legislación general sobre tortura.

La propuesta también fija restricciones para el nombramiento. No podrá ocupar el cargo quien durante el año anterior haya sido secretario de despacho o equivalente, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, senador, diputado local o federal, o presidente municipal.

Para la designación y duración del encargo se aplicarían las mismas reglas previstas en la Constitución estatal para la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En caso de aprobarse la reforma, el Congreso tendría 90 días naturales para emitir la convocatoria destinada a elegir a la persona titular de la nueva fiscalía. La legislación define la tortura como la imposición intencional de dolores o sufrimientos físicos o mentales para obtener información o una confesión, castigar, intimidar o coaccionar a una persona, entre otros supuestos. En Veracruz, este delito puede alcanzar penas de hasta 20 años de prisión y sanciones económicas de hasta 68 mil 605 pesos.