Propone Nahle ante Congreso eliminar el fuero para alcaldes y síndicos

La gobernadora Rocío Nahle propuso retirar a alcaldes y síndicos de Veracruz la inmunidad procesal penal que actualmente obliga a obtener una declaración de procedencia del Congreso antes de que puedan ser procesados por delitos cometidos durante su encargo. La iniciativa plantea reformar el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución estatal.

De aprobarse la reforma, presidentes municipales, titulares de concejos municipales y síndicos dejarían de formar parte del listado de servidores públicos para quienes el Congreso debe autorizar, con el voto de las 2 terceras partes de sus integrantes, que se proceda penalmente en su contra.

Actualmente, el artículo 78 incluye a esas autoridades municipales entre quienes cuentan con esa protección procesal, junto con diputados, la persona titular del Ejecutivo, secretarios de despacho, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Poder Judicial y autoridades electorales, entre otros cargos. La modificación presentada por Nahle mantiene la declaración de procedencia para el resto de los servidores públicos incluidos en el artículo, pero elimina del texto constitucional a las autoridades municipales señaladas en la iniciativa.

Autonomía requiere responsabilidad

En la exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que la autonomía de los ayuntamientos no depende de que sus integrantes cuenten con inmunidad procesal y que la eliminación de este requisito permitiría que las autoridades ministeriales y judiciales actúen sin una autorización previa del Congreso. “El ejercicio de una función pública constituye una responsabilidad frente a la sociedad y no una condición que deba colocar a quien la desempeña por encima de la aplicación ordinaria de la Ley”, señala la iniciativa presentada al Congreso.

El documento precisa que retirar esta protección no implicaría que una denuncia genere por sí misma la separación del cargo ni eliminaría la presunción de inocencia, el derecho de defensa o el debido proceso. La propuesta únicamente suprime la intervención previa del Poder Legislativo para que pueda iniciarse el procedimiento penal contra estas autoridades.

La iniciativa también argumenta que debe distinguirse entre la protección de la institución municipal y la inmunidad concedida de manera individual a quienes ocupan temporalmente un cargo dentro del Ayuntamiento. “Eliminar la declaración de procedencia respecto de determinadas autoridades municipales no significa dejarlas desprotegidas ni disminuir los derechos que les corresponden frente a una investigación penal”, establece el documento.

El proyecto establece que, una vez aprobada la reforma constitucional y publicada en la Gaceta Oficial del Estado, entraría en vigor al día siguiente.