Propone Nahle reforma para que se destinen recursos a escuelas sin escrituras

La gobernadora Rocío Nahle propuso permitir que el Estado y los municipios inviertan en la construcción, mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas asentadas en predios cuya propiedad no esté regularizada, siempre que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) certifique que los planteles operan, cuentan con reconocimiento oficial y mantienen una matrícula mínima.

La iniciativa plantea reformar las leyes de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, así como de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas, para evitar que la falta de escrituras o de un documento que acredite la propiedad impida ejecutar recursos públicos en centros educativos en funcionamiento.

El proyecto fue remitido por Nahle al Congreso local y publicado este martes en la Gaceta Legislativa. La propuesta deberá ser turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación antes de que pueda someterse a votación.



La reforma añadiría el artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. La disposición obligaría al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ORFIS, a revisar el manejo, custodia y aplicación de los fondos estatales y municipales destinados a infraestructura educativa.

Como regla general, el ORFIS deberá verificar que los recursos hayan sido aplicados en inmuebles cuya propiedad esté acreditada a favor del ente fiscalizable correspondiente.

La iniciativa incorpora una excepción para los predios en proceso de regularización o que no pertenezcan a la Federación, al Estado o a los municipios. En esos casos, la falta de título podrá suplirse con una constancia expedida por la Secretaría de Educación de Veracruz.



El documento deberá acreditar la operación regular de la escuela, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos correspondiente al ciclo escolar.

La misma constancia podrá utilizarse para justificar la situación jurídica del inmueble antes de ejecutar obras de construcción, mantenimiento o equipamiento, de acuerdo con el tercer párrafo que se propone añadir al artículo 19 de la Ley de Obras Públicas.

La reforma abarcaría las obras realizadas por dependencias, organismos y ayuntamientos en planteles establecidos en predios cuyos derechos de propiedad o de disposición legal estén en proceso de regularización.



El Ejecutivo estatal sostiene que la legislación vigente dificulta la intervención pública en escuelas que operan desde hace años en terrenos sin escrituras, en predios donados de manera informal o en espacios registrados a nombre de asociaciones de padres de familia, particulares u otras personas.

De acuerdo con la exposición de motivos, algunas autoridades evitan invertir en esos inmuebles ante el riesgo de recibir observaciones durante las auditorías o de incurrir en responsabilidades administrativas y penales por destinar recursos a bienes que no forman parte del patrimonio público.

“Actualmente existe una barrera que les prohíbe expresamente el cumplir ese propósito, incluso pudiendo incurrir en consecuencias penales o de faltas administrativas graves”, señala el documento.



La propuesta busca establecer un mecanismo de comprobación alternativo sin eliminar la obligación de regularizar los predios escolares. La Secretaría de Educación asumiría la responsabilidad de confirmar que el inmueble es utilizado como escuela y que el plantel dispone de los registros institucionales correspondientes.

“La idea central es básica: incentivar la inversión en infraestructura educativa, en beneficio de niñas, niños y adolescentes veracruzanos, sin que sean obstáculo las distintas complejidades del estatus jurídico de los bienes inmuebles donde se encuentran los centros educativos”, expone la iniciativa.