El diputado local del PVEM, Manuel Francisco Martínez, propuso tipificar como delito el hecho de que los padres de familia exploten laboralmente a un menor de edad o al que por cualquier medio administre, induzca u obtenga un beneficio económico de los niños.
De aprobarse dicha propuesta, quienes incurran en este delito enfrentarían sanciones de entre 2 y 6 años de prisión; así como una multa de 100 a 300 UMA's.
Esto se aplicaría a quien por cualquier medio administre, induzca u obtenga un beneficio económico mediante la explotación laboral de un menor de edad, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación.
El diputado explicó que, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia México (REDIM), a partir de Censos y Conteos Generales de Población y Vivienda de 2015, en Veracruz alrededor de 29 mil 221 menores de entre 5 y 17 años trabajaban 36 o más horas a la semana; de éstos22 mil 424 son varones y 6 mil 797, mujeres.
Además, expresó que de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los motivos por los que las y los niños trabajan son los siguientes:
- 23. 5 por ciento para pagar su escuela y/o sus propios gastos.
- 23.5 por ciento labora por gusto o “sólo por ayudar”.
-
16.8 por ciento, porque el hogar necesita de su trabajo.
-14.6
por ciento, para aprender un oficio.
- 11.5 por ciento, para pagar deudas, no estudia o por otra razón.
-10.1 por ciento, porque el hogar necesita de su aportación económica.
Así, con su propuesta se entendería por explotación laboral infantil a la utilización, para fines económicos familiares o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos; afectando con ello el desarrollo personal y emocional, además del goce de los derechos de los mismos.
De igual forma, se estableció que también se impondrán las sanciones ya mencionadas en los casos donde el responsable tenga parentesco, conviva o habite ocasional o permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la víctima, se trate de tutor o cuidador.
Lo mismo en los casos donde se pusiera en peligro la vida o integridad del menor de edad, la persona que tenga la patria potestad y cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima, podría perderlo.
Concretamente el legislador propuso modificar del Código Penal de Veracruz los artículos 250 Bis y 250 para establecer: “al que por cualquier medio, administre, induzca u obtenga un beneficio económico, a través de la explotación laboral de un menor de edad, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa”.
Finalmente, Martínez Martínez refirió que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aproximadamente el 24 por ciento de los menores trabajadores de entre 5 y 17 años se concentra en tres estados de la República Mexicana: Estado de México, Jalisco y Puebla. No obstante, el 52.8 por ciento se distribuye en: Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Guanajuato.
“Toda esta información refleja una lamentable realidad en el país y en nuestro Estado; un número importante de nuestras niñas, niños y adolescentes trabajan en vez de estudiar; están siendo explotados laboralmente y expuestos a peligros en las calles, a enfermedades, a ilícitos, a drogas y a muchas otras situaciones nocivas”, opinó.