Docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), región Xalapa, hicieron público un posicionamiento en el que rechazan la prórroga otorgada al rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez y solicitaron al Consejo Universitario General (CUG) atender como prioridad la reversión del proceso, el nombramiento de un rector interino y la emisión de una nueva convocatoria para integrar una terna conforme a la normativa vigente.
El documento, firmado por personal académico “comprometido con la legalidad universitaria”, señala que Aguilar Sánchez concluyó su periodo el 31 de agosto de 2025 y que la normativa interna vigente no le permitía postularse nuevamente debido a límites de edad. El pronunciamiento expone que, pese a ello, “quiso continuar en la rectoría, a través de una acción arbitraria, avalada por una Junta de Gobierno irresponsable”.
Sostienen que la Junta de Gobierno “extralimitó sus atribuciones legales al establecer procedimientos inexistentes e ignorar los que están vigentes” y que no cumplió con la función sustantiva que la regula: emitir la convocatoria conforme a la Ley Orgánica y garantizar el debido proceso en la elección de rector. De acuerdo con el texto, “esa Junta de Gobierno ha violentado las garantías y derechos de la comunidad universitaria”.
Los académicos también refieren que la administración central cayó en “incompetencia y negligencia”, lo que ejemplifican con la respuesta institucional ante el desbordamiento del río Cazones y las inundaciones de Poza Rica el 10 de octubre, donde falleció una estudiante de la Facultad de Psicología. Sobre este punto, señalan que la información oficial fue “manipulada por las propias autoridades de la UV”.
El pronunciamiento puntualiza que existen elementos jurídicos que evidencian la improcedencia de la prórroga. Citan el acta número 218 de la Junta de Gobierno, donde asesores jurídicos expusieron que “la normativa interna de la Universidad Veracruzana (UV) no provee disposición alguna que faculte a la JG para dispensar los requisitos para ocupar la titularidad de la rectoría” y que “no existe una figura de reelección (prórroga sin convocatoria)”, de modo que la Junta “no tiene competencia para obviar o modificar los requisitos previstos en la Ley Orgánica”.
El documento añade que desde la solicitud presentada ante el Congreso del Estado para modificar la Ley Orgánica, con el objetivo de cambiar el criterio de edad para ser candidato, ya había manifestaciones de inconformidad de consejeros universitarios.
Asimismo, señalan que la inconformidad ha derivado en marchas, plantones, paros y documentos de rechazo, mientras que al interior de la institución “la conducta represiva, la persecución, el hostigamiento y el acoso se han incrementado de forma dramática”. El grupo académico atribuye esta situación a un fenómeno “ético, político, social y económico de amplia complejidad”, y advierte que la falta de sesiones del CUG, aun en el contexto actual, mantiene a un rector “de manera ilegal e ilegítima”, lo que ha generado contradicciones, uso extraordinario de recursos y una afectación directa a estudiantes.
En el apartado principal de sus exigencias, los docentes sostienen: “Instar al Consejo Universitario General (CUG) para que atienda como prioridad la valoración de estrategias para: a) Revertir el proceso de prórroga otorgada a un rector que no cumplió con la normativa, b) Nombramiento de un Rector interino y c) Publicación de una convocatoria para nombrar una terna que respete el debido proceso”.
Además solicitan agilizar la revisión de los marcos normativos que rigen a la Junta de Gobierno, implementar un diálogo legítimo entre estudiantes y académicos, establecer medidas para proteger la integridad de la comunidad en paro y generar nuevos espacios de diálogo desde el CUG para evitar afectaciones a programas académicos y proyectos de intervención social.
El posicionamiento afirma que en la Facultad de Psicología existen académicos dispuestos a colaborar con los estudiantes para fortalecer las causas del movimiento y facilitar condiciones que permitan retomar una vida universitaria en ambientes sanos. En tanto no se resuelva la situación, piden respetar la libre manifestación y el paro indefinido, así como construir alternativas académicas que no contradigan el espíritu del movimiento. El texto concluye señalando que si las autoridades transgreden las reglas que deben hacer cumplir, “no hay lugar a la transmisión de condiciones para un mundo mejor”, y advierten que esa conducta genera un ambiente contrario a los valores que la UV está obligada a promover.