Con la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado (GOE) del decreto aprobado por el Congreso del Estado que quita el fuero constitucional a Bertín Bravo Montero y a Raúl González Martínez, la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la cancha libre para ir por los presidentes municipales separados del cargo, señalados por los presuntos delitos de desaparición de personas y homicidio.
Trascendió que los jueces ya obsequiaron las órdenes de aprehensión y ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía Ministerial, ya las puede cumplimentar.
Aunque los presidentes municipales desaforados de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Martínez y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, tienen amparos de la justicia federal que impiden la aprehensión y la prisión preventiva oficiosa, por lo que pueden enfrentar los procesos penales en libertad, mientras los amparos estén vigentes.
La FGE solicitó el Juicio de Procedencia en contra del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Martínez, porque lo vincula con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López Torres, ocurrida en mayo de 2026 luego de acudir a una propiedad del edil.
Y al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, lo señala por su presunta relación con el asesinato de la periodista de Nanchital, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien habría tenido una fotografía del alcalde portando un arma de alto poder.
Determinar la existencia de los delitos o la responsabilidad penal de los ediles corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales competentes.