Que la ciudadanía tenga voz y voto para elegir a los mejores juzgadores: Lisbeth Jiménez

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre admitió la existencia de la corrupción que permea en el Poder Judicial de Veracruz: “tampoco voy a desconocer el tema de que existe la corrupción. Por supuesto, ese es un fenómeno social que permea no sólo en el Poder Judicial federal y local sino en muchísimas instituciones”.

Al participar en el programa “Arranca la Carrera Judicial” de TeleClic.tv de alcalorpolitico.com, un espacio abierto para las y los candidatos a juzgadores, expuso que el Consejo de la Judicatura, órgano que será reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial, en los dos últimos años ha tenido un repunte en el número de inicio de procesos administrativos sancionadores.

En el 2023 se iniciaron y se resolvieron 180 procedimientos; en el 2024 fueron 97, y en lo que va de este 2025, hay 65. Tan solo en este momento hay procesos en contra de 4 Jueces, 2 de ellos en prisión preventiva y otros 2 con órdenes de aprehensión, todos por estar probablemente vinculados a un hecho relacionado con su función.



Los 2 juzgadores en prisión preventiva se encuentran espera de que concluya la etapa de investigación para poder llegar a un juicio, lo que calificó como un hecho inédito en Veracruz, porque se trata de un Juez en materia Penal y uno en Materia Civil. “Hay otros 2 que tienen temas pendientes con la justicia, tales como órdenes de aprehensión y por supuesto, hay otros servidores públicos ligados al Poder Judicial que se encuentran involucrados en ese tipo de situaciones”. Los procedimientos se instruyen tanto a juzgadores como a personal oficial judicial que se encuentra involucrado en la administración de justicia.

Agregó que la reforma constitucional en materia judicial que ha permitido, por primera vez, la elección popular de juzgadores federales y locales va más allá del discurso: “la reforma obedece precisamente a este combate a la corrupción, se trata de acciones concretas que buscan sin duda combatirla e ir más allá de un discurso y es el tema de que la ciudadanía se involucre, tenga voz y voto en la elección para los mejores perfiles”.

Jiménez Aguirre participa en el proceso de elección de juzgadores, pues su intención es permanecer en la Magistratura y si obtiene una amplia votación continuar en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.



“Tengo un compromiso personal con la administración de justicia. Traigo un proyecto en el que he venido trabajando, ya 2 años y medio y me gustaría darle continuidad”. Entre su misión como Magistrada está la de tener una justicia de puertas abiertas y cercana a la ciudadanía.

Resaltó que el Poder Judicial no está subordinado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y goza de autonomía y más ahora que llegaran juzgadoras y juzgadores emanados del voto popular que nada tienen que ver con partidos políticos”.

Manifestó que no se puede pasar por alto que debe haber una coordinación, esa siempre ha existido y debe existir, son tres Poderes los que conforman el Estado de Derecho: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Añadió que necesariamente debe haber una coordinación porque en el Poder Judicial se aplican las leyes que emanan del Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo se encuentra la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.



“Nosotros no somos solos, tenemos que coordinarnos, pero eso nunca ha significado una subordinación ni mucho menos que no exista una autonomía. Hoy más que nunca tenemos autonomía para la toma de decisiones y esto sin duda, creo que se va a exacerbar ahorita posterior a la elección, porque van a llegar juzgadoras y juzgadores que serán electos por el voto popular, que no tienen nada que ver con partidos políticos”.

Se le asignó en número 25 en la boleta rosa que para magistradas y magistrados Tribunal Superior de Justicia.

Nombrada Magistrada el 30 de julio del 2020 y designada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia el 2 de diciembre del 2022 para un periodo de 3 años. En su ficha bibliográfica se menciona contar Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Veracruzana. Cursó una Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Villa Rica, continuó su formación académica con un Posgrado en Derechos Fundamentales y Minorías en la Universidad de Gerona, España.



Además, completó una serie de posgrados relacionados con el Derecho Penal y la Justicia en la misma Universidad; así como una actualización en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, y otra en Tendencias Actuales en Instrucción, Proceso Penal y Medicina Forense.

A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos dentro del servicio público en el ámbito jurisdiccional: inició como Auxiliar Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia; Secretaria Particular de Magistrado, hasta lograr desempeñarse como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala en Materia Penal.

Fue Jueza de Control y Enjuiciamiento en el Séptimo Distrito Judicial con cabecera en Poza Rica; posteriormente, Jueza de Enjuiciamiento en los Distritos Judiciales Octavo, con cabecera en Papantla y Sexto, con cabecera en Tuxpan.



“Ser magistrado, juez o servidores público, conlleva una responsabilidad, hay un deber legal que cumplir en cualquier ámbito, ya no se diga en el tema de la administración de justicia porque justamente somos conocedores del derecho”.