Que la Fiscalía investigue si hubo error, omisión o delito en el “Híper San Bruno”: Ahued

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, sostuvo que los permisos relacionados con la tienda “Híper San Bruno” –donde la joven Joselyn Flores Hernández murió durante las inundaciones del 28 de septiembre– fueron otorgados con base en el programa de ordenamiento urbano y territorial vigente, así como en dictámenes de Protección Civil y Comercio.

El funcionario fue cuestionado sobre los permisos del establecimiento, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre las investigaciones relacionadas con la operación del inmueble y los permisos otorgados para su funcionamiento.

Ahued Bardahuil expuso que el programa de ordenamiento urbano y territorial establece que la zona donde se encuentra el establecimiento tiene un uso mixto, con actividades comerciales e industriales. Explicó que en el área también existen un fraccionamiento, una gasolinera, una escuela y otros negocios, por lo que, de acuerdo con el funcionario, la propiedad contaba desde años atrás con actividades relacionadas con un taller.

“Lo que hicieron en su momento es pedirle a Desarrollo Urbano que ratificara si estaba vigente el programa de ordenamiento urbano y territorial, que todos los municipios tienen la obligación de publicar en Cabildo y en el Congreso. Está vigente”, afirmó.

A partir de esa vigencia, indicó, se otorgaron los permisos correspondientes con base en los dictámenes de Protección Civil y Comercio. El Secretario de Gobierno explicó que los programas de ordenamiento urbano y territorial son el instrumento utilizado por los municipios para determinar las actividades que pueden desarrollarse en determinadas zonas, por lo que corresponde a las autoridades municipales considerar esas disposiciones al momento de autorizar o refrendar permisos.

Ahued Bardahuil agregó que se deberá revisar el procedimiento de refrendo de la cédula correspondiente y verificar las condiciones bajo las cuales se han mantenido los permisos del establecimiento.

Respecto a los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del inmueble, particularmente por la inexistencia de salidas de emergencia y las medidas de mitigación, el funcionario señaló que el dictamen de Protección Civil otorgado en su momento se realizó con base en las condiciones de instalación que tenía el establecimiento. “Hay que ver el dictamen de Protección Civil y Comercio que emitió el permiso legítimo”, manifestó.

Precisó que no se trata únicamente de revisar ese establecimiento, pues existen otras actividades comerciales en distintas zonas de Xalapa que también han sido objeto de revisiones y refrendos conforme a la normativa correspondiente.

Ricardo Ahued sostuvo que, si de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado se desprendiera alguna irregularidad, omisión, error o incluso un posible delito en el otorgamiento de permisos, corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades. “Si lo que quieren es que se revise para la Fiscalía y si hubiera alguna deformación o error, omisión o delito, que se persiga. Así de sencillo”, expresó.

El Secretario de Gobierno también relacionó el caso con la problemática de inundaciones que enfrenta Xalapa en distintos puntos, al señalar que existen zonas que históricamente han presentado acumulación de agua y que requieren ser revisadas. Mencionó como ejemplo el área de Plaza Museo y distintos puntos de la avenida Lázaro Cárdenas, donde durante las lluvias recientes el nivel del agua alcanzó alturas que representaron un riesgo para los vehículos.

En este sentido, señaló que las lluvias recientes permitieron evidenciar nuevamente la vulnerabilidad de determinadas zonas de la Capital. Ahued indicó que durante el episodio de lluvias se registró una precipitación de 135 mililitros por metro cuadrado, cantidad que, dijo, representó una situación delicada para la ciudad.

Sobre la muerte de Joselyn,quien era estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), el funcionario lamentó el fallecimiento y señaló que será la autoridad competente la que determine si existieron irregularidades relacionadas con los permisos, las condiciones del inmueble o cualquier otra circunstancia que pudiera tener relación con el hecho. “Yo creo que lo lamentable es la pérdida de una señorita”, dijo.

El funcionario insistió en que corresponde a las autoridades encargadas de la investigación determinar si existió alguna irregularidad en el procedimiento administrativo y, en su caso, deslindar responsabilidades. De esta manera, evitó adelantar una conclusión sobre la legalidad de los permisos y sostuvo que cualquier posible omisión o delito deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado.