Que procedan investigaciones contra el ex ministro Góngora para no caer en impunidad: Raúl Pimentel

Luego de casos como el del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro David Góngora Pimentel, la justicia si sufre de alguna manera una conmoción social, porque la sociedad se pregunta cómo es posible que el que administra la justicia la ocupe para su beneficio personal, cuando la justicia es el órgano que tiene que buscar el imperio de la rectitud y tranquilidad social.

Lo anterior manifestó Raúl Pimentel Murrieta, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Veracruz, quien en entrevista, opinó que se tienen que iniciar las investigaciones correspondientes en contra del ex ministro para no caer en actos de impunidad.

Góngora Pimentel envió a la cárcel a su ex esposa por un supuesto fraude, lo que provocó que la mujer dejara en la indefensión a los dos hijos que tuvieron como pareja, de siete y cinco años de edad, los cuales sufren autismo; además en los pleitos de la pensión alimenticia se otorgó a sus hijos una mínima cantidad en comparación con la ostentosa pensión vitalicia que recibe.



Asimismo se dio a conocer que la ex magistrada del Poder Judicial, Rosalba Becerril Velázquez, asegura que procreó dos hijos con elministro en retiro. El primero nació el 24 de junio de 1996. El segundo nació el 20 de febrero de 2006, por lo que le pide pensión alimenticia para ambos.

Raúl Pimentel manifestó que todo ciudadano, incluso los que

laboran
En un órgano de justicia pueden tener conflictos de naturaleza jurídica; el problema es cuando se traslade y ventile hacia el ámbito jurídico y se permite que a través de la función que desarrolle, pueda tergiversar el sentido de la justicia.

“Estoy de acuerdo que un ministro, un magistrado, un juez, un ministerio público cuando enfrenta un problema tenga que dirimirlo frente al tribunal aunque forme parte de él. Lo que no es viable es ocupar la envestidura que tengo o la parte de la envestidura que me queda para el efecto de buscar mecanismos que permitan desviar el sentido correcto de la justicia”.

El Consejero expresó que no se puede afirmar que se trate de un caso de tráfico de influencias “pero sí se ha manejado la situación que, por el sólo hecho de tener un estatus superior al de otra persona puede dar origen a determinadas circunstancias y sobre todo cuando se ventila que es un asunto de alimentos, donde él si tiene hijos, es el primero en saber que tiene una obligación jurídica de proporcionarles el apoyo y no por el contrario tratar de disminuirlos, de buscar mecanismos jurídicos para su beneficio y cuando resulta una sentencia absolutoria para la contraparte, todavía inconformarse con la misma”.



Y es que también resalta el asunto cuando el magistrado Góngora Pimentel encubrió a Becerril Velázquez respecto a la resolución de expedientes, hecho que trajo como consecuencia que fuerainvestigadapor la Procuraduría General de la República (PGR) en 2008, por la

alteración de sentencias de 477 expedientes judiciales.

“Si hubo una responsabilidad, pudo haber tráfico de influencias o, en su caso del incumplimiento de un deber legal, pues como servidor público y advirtiendo irregularidades estaba obligado a denunciarlas entes la institución correspondiente. No tenemos la certeza, pero lo cierto es que la justicia si sufre de alguna manera una conmoción social, porque la sociedad se pregunta cómo es posible que el que administra la justicia, ahora resulta que la ocupaba de manera distinta, cuando la justicia es el órgano que tiene que buscar el imperio de la rectitud y tranquilidad social”.