El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, concluyó su comparecencia ante el Congreso de Veracruz sin precisar el destino de los recursos recaudados por el reemplacamiento vehicular, los costos de las operaciones de refinanciamiento de la deuda pública ni el saldo disponible para atender desastres naturales.
Tampoco aclaró los señalamientos sobre presuntos movimientos irregulares de recursos federales, contrataciones de familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cobros a concesionarios de verificentros y operaciones financieras realizadas mediante fideicomisos.
Durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle García, legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y el diputado independiente Héctor Yunes Landa cuestionaron el manejo de las finanzas estatales y reclamaron información que no fue desglosada durante la comparecencia.
Los diputados también reprocharon que el funcionario dedicara parte de su exposición a defender a MORENA y a cuestionar administraciones anteriores, en lugar de responder sobre el ejercicio del presupuesto estatal.
Reemplacamiento: sin aclarar destino de recursos
La diputada panista Indira de Jesús Rosales San Román cuestionó el destino de los mil 702 millones de pesos que, según las cifras presentadas por ella, ingresaron al Gobierno estatal durante 2026 por el programa de reemplacamiento vehicular.
La Legisladora señaló que para 2027 se proyecta recaudar otros mil 400 millones de pesos, pese al compromiso de la administración estatal de no establecer nuevos impuestos.
“El reemplacamiento es un impuesto, usted y la gobernadora han presumido que no habrá nuevos impuestos. Sin embargo, realmente opera como impuesto porque el objetivo no es otro que recaudar dinero”, sostuvo.
Rosales San Román pidió explicar en qué se aplicaron los ingresos obtenidos y por qué se mantendrá el cobro durante el siguiente ejercicio fiscal.
La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, también cuestionó que los automovilistas deban pagar nuevamente por sus placas mientras persisten problemas de mantenimiento carretero y movilidad.
“Cada Gobierno es lo mismo. Es una manera de chingar a los veracruzanos. Dicen que es por seguridad, pero lo que verdaderamente quieren es quitarnos el dinero”, expresó.
Montserrat Ortega Ruiz, del PAN, acusó a SEFIPLAN de modificar los criterios de exención anunciados para vehículos con placas expedidas entre 2018 y 2025, cuyos propietarios, señaló, terminaron incluidos en el programa de cobro.
Refinanciamiento: cuestionan operaciones por 10 mil 631 mdp
El diputado independiente Héctor Yunes Landa exigió conocer las condiciones y los costos de las operaciones de refinanciamiento de la deuda pública realizadas durante 2026.
El Legislador señaló que el Gobierno estatal efectuó operaciones por más de 8 mil 700 millones de pesos a principios de año y contempló otras 2 con BanBajío y Banorte, por 964 millones y 967 millones de pesos, respectivamente.
De acuerdo con sus cifras, los movimientos sumarían al menos 10 mil 631 millones de pesos. Cuestionó que se realizaran sin un procedimiento competitivo y sin informar al Congreso, señalamientos sobre los que solicitó una explicación.
También pidió precisar cuánto se pagó por asesorías, comisiones bancarias y otros gastos relacionados con esas operaciones.
Yunes Landa contrastó estos movimientos con las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, quien el 2 de noviembre aseguró que su administración había reducido la deuda sin recurrir a nuevos endeudamientos ni renegociaciones bancarias.
Por su parte, Montserrat Ortega cuestionó que el Gobierno estatal sostenga un discurso de independencia financiera cuando, según expuso, apenas el 7 por ciento de sus ingresos procede de recursos propios.
La Legisladora también exigió aclarar los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las condiciones bajo las cuales el Estado recurre a instituciones bancarias para refinanciar sus obligaciones.
Recursos federales: exigen explicar movimientos y el uso de “licuadora”
Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron otro de los asuntos planteados durante la comparecencia.
Montserrat Ortega acusó a SEFIPLAN de realizar movimientos de recursos correspondientes a 23 ayuntamientos, particularmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN). “Usted acaba de revivir la famosa ‘licuadora’ de Duarte. La ASF los atrapó moviendo el dinero de 23 ayuntamientos por debajo de la mesa”, afirmó.
Según la Legisladora, los recursos destinados a servicios municipales fueron transferidos a cuentas bancarias que no estaban autorizadas para su manejo. Ortega exigió identificar las cuentas receptoras, explicar el motivo de las transferencias y precisar el destino de los recursos observados.
En materia de gasto público, el diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, solicitó información sobre los mecanismos de control para descartar pasivos no registrados y gastos excesivos en la nómina estatal.
Desastres naturales: sin precisar saldo de 865 mdp
María Elena Córdova Molina cuestionó la situación del mecanismo de aseguramiento estatal anunciado después de que el Gobierno de Veracruz cancelara la contratación de un seguro privado contra desastres naturales.
La Diputada señaló que la aseguradora estatal no aparece identificada en el informe financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026.
Ante las inundaciones registradas en la entidad, exigió aclarar si el mecanismo ya está en operación, cuánto se ha ejercido de los 865 millones de pesos reportados en el fondo para desastres y qué cantidad permanece disponible.
También pidió información sobre el destino de aproximadamente 50 millones de pesos obtenidos por la venta de las primeras 3 aeronaves estatales, de un total de 10 cuya enajenación fue autorizada por el Congreso.
La Legisladora solicitó identificar los proyectos de inversión o gastos imprevistos a los que se destinarán esos ingresos, sin que durante la comparecencia se detallara su aplicación.
Contrataciones: cuestionan familiares de AMLO en la nómina de Veracruz
Indira Rosales San Román pidió transparentar las contrataciones de familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador incorporados a la administración estatal.
La panista exigió conocer cuántas personas con ese parentesco trabajan para el Gobierno de Veracruz, las dependencias a las que están adscritas, sus salarios y quién autorizó su incorporación.
Recordó que el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, defendió esas contrataciones durante su comparecencia, aunque negó haber intervenido en ellas.
En otro señalamiento, Héctor Yunes Landa pidió aclarar la situación laboral de Rubén Barreto Munguía, a quien identificó como asesor de SEFIPLAN y hermano de Daniel Barreto Munguía, director general de Fiscalización de la dependencia.
El Legislador hizo referencia a un presunto robo ocurrido en diciembre de 2025 en Puebla, en el que, de acuerdo con publicaciones que citó, Rubén Barreto habría sido víctima del despojo de una maleta con dinero.
Yunes Landa solicitó precisar el origen de esos recursos, confirmar si el señalado continúa en la nómina estatal y aclarar la existencia de contratos con empresas presuntamente relacionadas con integrantes de esa familia.
También mencionó a Zugey García como presunta representante de una de las empresas señaladas, aunque no presentó durante su intervención documentación que acreditara los vínculos denunciados.
Fideicomisos, autobuses y presuntos cobros
Otro de los puntos que quedaron sin aclarar fueron las condiciones financieras de la adquisición de autobuses de la empresa china Yutong.
Indira Rosales solicitó información sobre los términos de contratación y las reglas de operación de los fideicomisos utilizados por la administración estatal.
Por separado, Montserrat Ortega exigió una explicación sobre las denuncias de concesionarios de verificentros que, según expuso, continúan reportando exigencias de pagos mensuales de 15 mil pesos para evitar el bloqueo de sus establecimientos en el sistema.
La legisladora preguntó si existen denuncias formales, investigaciones administrativas o funcionarios destituidos por esos presuntos cobros.
También cuestionó las remuneraciones de servidores públicos estatales que, de acuerdo con sus señalamientos, perciben salarios superiores al de la Gobernadora.
Reprochan discurso partidista
La comparecencia también estuvo marcada por los reclamos contra el contenido político de la intervención de Reyes Hernández.
Los legisladores de oposición acusaron al funcionario de aprovechar su presentación para defender a MORENA, en lugar de concentrarse en los cuestionamientos sobre el manejo de las finanzas públicas.
“Por segundo año consecutivo dedica usted más de la mitad de su tiempo para compartirnos su ideología política, esto no es mitin de su partido, es una comparecencia oficial, señor Secretario”, reclamó Indira Rosales.
María Elena Córdova también cuestionó al funcionario por el contenido de su intervención. “Secretario, el año pasado respondió con insultos y hoy viene a darnos discursos partidistas, ¡qué falta de respeto!, Veracruz no le paga para defender a su partido, le paga para rendir cuentas”, expresó.
Montserrat Ortega señaló una contradicción entre las críticas del secretario al neoliberalismo y las operaciones de financiamiento realizadas con instituciones bancarias privadas. “Le debería dar pena venir a hablar contra el neoliberalismo cuando toda su política es neoliberal y usted lo sabe”, manifestó.
Héctor Yunes se sumó a los cuestionamientos y reprochó al funcionario utilizar la comparecencia para promover el proyecto político de MORENA. “Señor Secretario, se equivocó de foro. Esto no es un mitin de MORENA. Los diputados no venimos a escuchar su perorata cuatroteísta”, expresó.
Al concluir la comparecencia, quedaron pendientes los desgloses sobre ingresos, refinanciamientos, contrataciones y recursos destinados a contingencias. Los legisladores solicitaron que SEFIPLAN entregue por escrito la información que no fue precisada ante el Congreso.