La Fiscalía General del Estado de Veracruz eliminó la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos y ordenó que los expedientes aún abiertos pasen a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, de acuerdo con el Acuerdo 11/2026 publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
La determinación fue firmada el 11 de marzo de 2026 por la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y quedó difundida en el Número Extraordinario 118, Tomo II, del 24 de marzo de 2026.
El acuerdo establece que los asuntos que no hayan sido concluidos no serán archivados ni cancelados, sino reasignados. Para ello, dispone que “las investigaciones ministeriales o carpetas de investigación que aún estén pendientes de concluir, serán asignadas al Fiscal que determine la persona titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales”.
La medida cierra una unidad que, según la propia exposición de motivos de la Fiscalía, había quedado acotada desde hace años a los casos iniciados antes del 1 de enero de 2018.
Esa delimitación ocurrió tras la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, derivada del Decreto 376 publicado el 21 de diciembre de 2017. A partir de entonces, la fiscalía ahora suprimida conservó únicamente los expedientes del esquema anterior, “hasta en tanto se concluyeran”.
Con ese argumento, la Fiscalía sostuvo que la permanencia de esa área ya no resultaba necesaria como órgano separado. En el propio acuerdo se indica que los asuntos pendientes “pueden ser continuadas para su integración y determinación, por una o un fiscal adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales”.
La institución justificó la decisión en sus atribuciones legales para reorganizar su estructura interna. El documento señala que cuenta con facultades para “suprimir puestos y unidades operativas o administrativas, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado”, con sustento en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y en su reglamento.
Además del traslado de expedientes, el acuerdo ordena la redistribución del personal adscrito a la unidad. El artículo 3 precisa que “el personal integrante de la Fiscalía Especializada… queda a disposición de la persona titular de la Fiscalía General, quien determinará su adscripción en las áreas operativas o administrativas que requieran de sus servicios”.
También instruye a la Dirección General de Administración, por conducto de la Subdirección de Recursos Humanos, para realizar “el trámite de los movimientos de personal que proceda”.