Quejas por casos de tortura aumentaron 332 % durante 2016 en el país: CNDH

El número de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre casos de tortura, al cierre de 2016, se incrementó 332 por ciento respecto al año anterior y el de desaparición forzada, 36.3 por ciento, informó el presidente de este organismo, Luis Raúl González Pérez.

“Se registraron 216 expedientes de queja en los que se denunció tortura, 28 casos de privación de la vida y 15 de desaparición forzada”, dijo al presentar, ante la Comisión Permanente, el Informe de Actividades de la CNDH, correspondiente al periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Señaló que también se incrementaron en 16.4 por ciento los asuntos relativos a presuntas violaciones a los derechos humanos de los periodistas, “al registrarse 92 expedientes por este concepto”.



Indicó que la CNDH inició el trámite de 25 mil 233 nuevos expedientes, de los cuales “nueve mil 408 correspondieron a quejas, siete mil 838 a orientaciones directas, siete mil 430 remisiones y 557 inconformidades”.

Refirió que las autoridades señaladas con mayor recurrencia, como presuntas responsables de una violación a derechos humanos, fueron:

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con dos mil 74 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con mil 619, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 838.



Le siguen la Policía Federal, con 660; la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 537; el Instituto Nacional de Migración (INM), con 532; la Procuraduría General de la República (PGR), con 512; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 439; la Secretaría de Marina (SEMAR), con 258 y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con 247.

González Pérez apuntó que las entidades federativas con mayor número de reportes, por cometer algún hecho presuntamente violatorio de derechos humanos, fueron: la Ciudad de México, con dos mil 255 casos; Estado de México, 751; Chiapas, 532; Tamaulipas, 453; Veracruz, 443, y Oaxaca, 422.

“En este apartado, resalta un aumento de 31.4 por ciento en los casos denunciados en el estado de Chiapas y de 20.9 por ciento en Oaxaca”, subrayó.



Expresó que las instituciones con mayor número de recomendaciones de la CNDH fueron: el IMSS, con 15 casos; la SEMAR, con siete; la PGR, con seis; la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), con seis; y la SEDENA, con cinco.

“Del conjunto de recomendaciones emitidas en 2016, sólo dos han sido cumplidas en su totalidad; 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial, y 14 han sido aceptadas sin que se tengan pruebas de cumplimiento”, expresó.

Indicó que la CNDH presentó 50 denuncias contra servidores públicos, por responsabilidad penal, y 92 por responsabilidad administrativa.



“Se impusieron sanciones administrativas a 110 servidores públicos, lo cual representa un aumento mayor al 100 por ciento, respecto del número de personas que habían sido sancionadas en periodos anteriores, el cual fue de 41, en 2015, y 14, en 2014”, agregó.

Sobre los casos de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán o Tanhuato, puntualizó que “el esclarecimiento de esos asuntos exige trascender el nivel de la mera denuncia, para llegar a resoluciones claras, objetivas e integrales que estén sustentadas en elementos concretos que se desprendan de una investigación científica e integral de los hechos”.

“Son casos complejos, que por su propia naturaleza y características requieren que las investigaciones que se realicen cumplan con los atributos de objetividad, imparcialidad, exhaustividad y credibilidad”, sostuvo.



Respecto a los hechos violentos ocurridos recientemente en un colegio de Nuevo León, refirió que “demuestran una realidad que requiere atención en aspectos como el acoso escolar y los problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la posesión de armas”.

Sobre las medidas de austeridad y el control del gasto público del Gobierno Federal, ante la situación económica del país, subrayó la necesidad de definir y dar seguimiento al destino de los ahorros que se obtengan de dichas medidas “y no que queden como recursos disponibles para una asignación discrecional”.

Ante los inminentes cambios en la política migratoria, económica y social de los Estados Unidos, resaltó la importancia de formar un frente común para denunciar y oponerse a toda expresión de discriminación, exclusión, racismo o xenofobia que atente contra la dignidad de las personas, “antes de que la irracionalidad se enquiste y genere imitadores”, con sustento en el marco jurídico internacional.



Tras lo anterior, el ombudsman de México participó en una ronda de preguntas y respuestas de los legisladores de la Comisión Permanente.