En el último año se incrementaron en un50 por ciento las quejas por violación a los derechos humanos de la ciudanía ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el año 2011, la CNDH recibió 29 mil 439 escritos de queja, atendió mil 733 solicitudes de apoyo vía telefónica, 148 por correo electrónico, 162 en su edificio sede y en 482 asuntos, personal de la Comisión se trasladó al lugar de los hechos para proporcionar ayuda inmediata.
Ante esto, la CNDH destacó que su compromiso es atender a las víctimas, “el año pasado recibimos 29 mil 439 escritos de queja, lo que significó un incremento del 50 por ciento en las investigaciones que se iniciaron por presuntas violaciones a los derechos humanos respecto a 2010”.
Indicó que se debe consolidar una cultura en la que se respeten los derechos de todas las personas, ya que es una tarea que requiere el compromiso de autoridades, ciudadanía y organismos no gubernamentales.
El presidente de dicho organismo, Raúl Plascencia Villanueva, destacó que el "Programa de Atención a Víctimas del Delito, Províctima", resolvió un total de dos mil 525 casos de personas que sufrieron agravios por parte de la delincuencia y la indolencia de algunos servidores públicos.
Estos servicios realizados consistieron en orientación jurídica, seguimiento a los casos denunciados ante las autoridades, asistencia psicológica y canalización a otras instancias para recibir atención victimológica especializada.
Aclaró que en materia de capacitación, organizaron 95 foros y talleres a los que acudieron siete mil 984 personas, entre funcionarios, estudiantes de nivel medio y superior, además de representantes de instituciones civiles.
Algunos de los temas impartidos fueron: derechos fundamentales de las víctimas, manejo de estrés postraumático, atención psicoterapéutica y prevención de diversas conductas delictivas, para lo cual se entregaron 352 mil 441 materiales informativos.
Los estados de Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Durango y Oaxaca se sumaron en el 2011 a otras entidades federativas que ya conforman la Red de Atención Integral a Víctimas del Delito de Secuestro.
“Respetar los derechos de las víctimas del delito es un elemento esencial para fortalecer las libertades en un Estado democrático”, agregó.